Así lo declaró a Prensa Latina la activista por los derechos humanos y madre del joven, Verónica de Negri, durante una marcha en homenaje al presidente Salvador Allende, cuando se cumple el cincuentenario del golpe de Estado.
“Yo llevo 37 años buscando justicia para mi hijo y esperando el fallo de la Corte Suprema”, dijo de Negri.
El 2 de julio de 1986, Rojas y Quintana participaban en una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet cuando fueron interceptados por una patrulla militar, que los golpeó, los roció con combustible y los quemó.
Sus cuerpos fueron lanzados en una zanja, en el sector rural de la comuna de Quilicura, donde trabajadores agrícolas los encontraron y alertaron a la policía, que los llevó hasta un centro asistencial.
Carmen Gloria logró salvarse, con graves secuelas, pero Rodrigo falleció el 6 de julio.
Por este crimen, conocido aquí como el Caso Quemados, 10 miembros del ejército en retiro fueron sancionados a penas de hasta 20 años de prisión, sin embargo, ninguno está encarcelado.
“Hay condenas, pero mientras la Corte Suprema no falle esos criminales van a seguir libres”, denunció Verónica de Negri, y recordó que ellos construyeron sus vidas, tuvieron hijos y nietos, se jubilaron, y siguen en sus casas.
“Los fallos de la corte llegan mucho tiempo después, algunos tardaron hasta 50 años. Eso no es justicia”, afirmó.
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