Precisó ese grupo que las autoridades negaron más de 20 solicitudes de acceso a reportes sobre el criptoactivo, del cual pese a la amplia información oficial favorable para su uso, poco saben los salvadoreños.
De 25 solicitudes de información pública sobre bitcoin entre 2021 y 2023, apenas fue aceptada una, ejemplificó, y apuntó que de esa forma no existe un mecanismo que permita a la población ejercer “contraloría ciudadana” sobre los fondos públicos usados en el Fidebitcoin.
Aseveró la asociación que de las 25 solicitudes de informes a entidades, dos reservaron la información, una alegó secreto comercial, nueve alegaron que lo pedido no existía, otras nueve se declararon incompetentes de entregar dicha información, dos declararon inexistente y confidencial informaciones, una la declaró confidencial, y una entregó información parcialmente.
De los 25 pedidos sobre compras, manejo, resguardo del bitcoin, solo se entregó información de una. Esta opacidad es relevante, dijo Ruth Eleonora López, abogada de Cristosal, citada por la publicación. Plantea el informe que entre los datos “en reserva” se encuentra una de Bandesal al nombre de la institución que compra bitcoins con fondos del Fideicomiso, el nombre de la billetera para dicha compra, el nombre de la institución que posee las claves de seguridad, la cantidad desembolsada para el bono de 30n dólares «regalados» a los usuarios de Chivo Wallet, las actas de sesión del Consejo de Administración del Fideicomiso Bitcoin, entre otras.
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