Elaborado por un centenar de empleados públicos, investigadores y ciudadanos, el demoledor estudio constató el paulatino deterioro de las políticas en educación, sanidad, justicia, seguridad y transporte, que no han sabido adaptarse a los cambios que demanda la sociedad.
“Las políticas públicas no han sabido adaptarse tan rápidamente a los cambios de la sociedad, las necesidades de la sociedad cambian, la sociedad se transforma y los medios de los servicios públicos no están a la altura”, explicó Arnaud Bontemps, magistrado del Tribunal de Cuentas y portavoz del colectivo.
Para los responsables del informe “la presión creciente sobre los recursos, sobre el gasto en servicios públicos, menos funcionarios, menos impuestos” ha sido aprovechado por el sector privado para “expandirse, ofreciendo una respuesta a estas necesidades insatisfechas”, y con ello “desestabilizando al servicio público”.
Entre las principales conclusiones se encuentran el deterioro de la sanidad pública, amenazada por el aumento de las consultas y el envejecimiento de la población mientras se recortan recursos y las clínicas privadas aumentan su presencia, y la masificación de la enseñanza, con un notable incremento de estudiantes y un escaso avance de las dotaciones ministeriales.
El informe también destacó que si bien el número policías creció significativamente desde 2010, su destino fue la lucha contra la inmigración ilegal y el mantenimiento del orden público, mientras disminuyó su presencia en tareas de seguridad de la vida cotidiana, dándose la paradoja de que pese a disminuir los actos de violencia los ciudadanos siguen sintiéndose inseguros.
Los autores alertaron ante el hecho de que “el desarrollo de servicios privados conducen progresivamente a la transformación del servicio público en un servicio mínimo y degradado, y por tanto a la pérdida gradual de su vocación universal”, por lo que “las desigualdades tienden a aumentar”.
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