La medida, impulsada por el extremista Partido Republicano y secundada por la coalición de derecha Chile Vamos, permitirá la excarcelación de personas con enfermedades terminales privadas de libertad.
Esta normativa podría favorecer a los represores que cumplen penas en la cárcel de Punta Peuco por delitos de lesa humanidad.
El derecho internacional al que se adscribe nuestro país dice expresamente que esos beneficios no debieran ser concedidos a criminales, dijo la diputada Alejandra Placencia.
Para el también legislador Andrés Giordano, otorgar por la vía constitucional una suerte de indulto a responsables de torturas, desapariciones y asesinatos muestra una vez más que el Partido Republicano no puede ofrecer a Chile ningún tipo de gobernabilidad.
“No al perdonazo a los reos de Punta Peuco”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) la integrante del Consejo Constitucional Karen Araya, quien advirtió que la propuesta de carta magna debatida en esa instancia podría ser peor que la impuesta durante la dictadura (1973-1990).
En las últimas jornadas, la extrema derecha y la derecha impulsaron también otras polémicas enmiendas, entre ellas la que “protege la vida del que está por nacer”.
Esta normativa atenta contra la ley de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales: peligro para la madre, malformación del feto o violación.
Para agrupaciones humanitarias, esta disposición constituye un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
Otra de las controvertidas indicaciones adoptadas fue la expulsión en el menor tiempo posible de los extranjeros que ingresen al país de forma clandestina o por pasos no habilitados.
De acuerdo con organizaciones de migrantes, la medida atenta contra los principios de no devolución, reunificación familiar e interés superior del niño.
Según una encuesta de la firma Cadem publicada esta semana, 57 por ciento de los chilenos votarían en contra del texto que será sometido a referendo el 17 de diciembre próximo.
jf/car
