Al presentar el Informe Nacional de Cuba al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Consejo de Derechos Humanos (CDH), el ministro de Relaciones Exteriores apuntó que en los últimos cuatro años se han aprobado 129 normas jurídicas de rango superior, un hecho sin precedentes en su país en tan corto tiempo.
Mediante referendo popular, el pueblo cubano adoptó, en 2019, una nueva Constitución que amplía el catálogo de derechos y las garantías para su ejercicio efectivo, refirió y precisó que se registró un 90 por ciento de participación, con un 86 por ciento de respaldo al texto constitucional.
Entre los textos jurídicos aprobados en Cuba desde el EPU de 2018, Rodríguez destacó el Código de las Familias, una de las normas que más trascendencia ha tenido en la historia social y jurídica del país, la cual calificó de «una ley moderna, integral y avanzada».
Resaltó que el enfrentamiento a todas las formas de discriminación ha sido y continuará siendo una prioridad del Estado cubano.
Al respecto, recordó que en noviembre de 2019, se aprobó el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, como expresión de la voluntad política de Cuba de erradicar cualquier vestigio de este fenómeno.
Señaló que desde 2021, Cuba cuenta con un Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y una Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar.
Las mujeres, exaltó, ocupan el 56 por ciento de los escaños en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), el 84 por ciento de los cargos del sistema judicial y son ocho de cada 10 Fiscales en la isla caribeña.
Rememoró que en 2021 se constituyó la Comisión Nacional para la aplicación de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, prosiguió, en junio de 2023 se creó la Asociación Cubana de Personas en situación de Discapacidad Intelectual.
Solo un mes después, el Parlamento nacional adoptó la Política Integral de Atención a la Niñez, Adolescencia y Juventudes en Cuba, indicó.
Subrayó que Cuba ha avanzado significativamente en materia de legislación penal, tanto procesal como sustantiva y ha reforzado el debido proceso.
Tras aseverar que el informe nacional que hoy presentó es resultado de un amplio y participativo proceso de consultas con instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil, el canciller cubano expresó que de 226 recomendaciones aceptadas en el EPU anterior, Cuba ha cumplido 215, el 95 por ciento.
Añadió que su nación avanza en los procesos de implementación de las 11 restantes.
Desde 2018, acotó, Cuba ha presentado informes exhaustivos ante cuatro órganos de tratados, los relativos a discriminación racial, personas con discapacidad, tortura y derechos del niño.
Además, dijo, han desarrollado diversas acciones de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, en julio pasado, celebraron un productivo encuentro del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con el alto comisionado Volker Türk.
En mayo de 2023, puntualizó, la Relatora Especial sobre el Impacto de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos realizó una fructífera visita académica a Cuba y agregó que también tuvieron la oportunidad de recibir en la isla caribeña, el pasado mes de junio, al vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño.
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