El ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, ya anunció la medida en mayo, con el objetivo de que estas nuevas estructuras favorezcan una «acción coordinada» y un mejor intercambio de información entre todos los jueces y actores implicados en un mismo caso.
Pese a que el gobierno francés evita el concepto de “violencia machista”, propugnando el de “violencia intrafamiliar”, en la exposición de motivos del decreto se expresó el objetivo de “coordinar mejor los procedimientos penales contra los cónyuges o padres violentos con los procedimientos civiles, en los se dictan órdenes de protección para mujeres en peligro”.
Los centros estarán bajo la responsabilidad de «magistrados coordinadores» especialmente formados y contarán en cada jurisdicción judicial con el apoyo de un «comité de pilotaje», según el decreto publicado la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La norma señaló también que estas estructuras no funcionarán como «jurisdicciones especializadas», tal y como reclaman las asociaciones que trabajan para combatir la violencia contra las mujeres, al estilo de las creadas para luchar contra el terrorismo o el crimen organizado.
De acuerdo a las cifras oficiales, la policía francesa registró en 2022 unas 244 mil 300 víctimas de “violencia doméstica”, mujeres en su gran mayoría, lo que supone un aumento del 15 por ciento en un año, mientras que el número de feminicidios ascendió a 118.
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