´´Ni un siglo y medio de tiempo ha podido rebajarle vileza al crimen, ni restarle dolor a la Patria por el fusilamiento de ocho inocentes´´, subrayó el mandatario en su cuenta en X, antes Twitter.
Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento), Esteban Lazo, calificó a los jóvenes como inocentes y recordó la frase del Héroe Nacional de la isla, José Martí, al escribir: ´´Cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe; ¡Empieza, al fin, con el morir, la vida! ´´.
Los hechos comenzaron el 24 de noviembre de 1871 cuando un grupo de estudiantes recorrieron el cementerio Espada de la capital colonial cubana, algunos jugaron con el carro que conducía cadáveres y uno tomó una rosa del camposanto.
Una delación del vigilante -mortificado por el “daño” a su jardín- acusó falsamente a los muchachos de haber profanado la tumba del periodista Gonzalo Castañón, predicador del exterminio de los cubanos y la repoblación de la isla con españoles.
Investigaciones históricas confirmaron no solo la falsedad de la imputación y la consabida inocencia implícita en los actos de aquellos adolescentes, sino de las injusticias que sobrevinieron para los 45 encarcelados.
Tras un primer Consejo de Guerra, que concluyó sin motivos para culparlos, unos fueron liberados y otros recibieron sanciones menores, pero era evidente la impotencia y la sed de venganza política de España por las derrotas militares contra las tropas independentistas en los campos de Cuba.
Entonces, el Cuerpo de Voluntarios español presionó para una segunda vista oral con otro tribunal que condenó a la pena máxima a cinco de los jóvenes encarcelados y a otros tres escogidos al azar.
Las indagaciones posteriores demostrarían que uno de estos últimos desafortunados ni siquiera se encontraba en La Habana el día de los acontecimientos.
La ejecución sumaria de los futuros médicos cubanos concitó rechazo dentro y fuera de la isla y de las filas españolas renunciaron a sus cargos los capitanes Nicolás Estévanez y Federico Capdevila, el abogado de oficio de los jóvenes acusados.
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