La nueva legislación sancionará con la suspensión del empleo por dos o tres años a aquellos funcionarios de carabineros o de la Policía de Investigaciones que modifiquen, oculten, eliminen o alteren los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual.
La normativa establece también la obligatoriedad de entregar el material grabado al Ministerio Público para su uso como prueba en procesos penales.
En 2021 siete policías y un abogado fueron condenados aquí por el caso del asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca, en un proceso donde los involucrados obstruyeron las investigaciones al borrar las imágenes de una cámara corporal.
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