Los manifestantes culpan dentro del Legislativo al llamado “cartismo” (partidarios del expresidente Horacio Cartes, de filiación oficialista) por la aprobación de la iniciativa, dotada de “superpoderes” sobre los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), que administra el seguro social del país.
El repudio a la medida es generalizado entre los participantes en la movilización, que incluyó vigilias previas de presión en parte de los 17 departamentos de la nación, incorporadas luego a la movilización global tras la votación este martes por mayoría de la Cámara Alta en favor del proyecto, informa el diario ABC Color.
Las protestas capitalinas controlan áreas aledañas del propio Congreso, de la Plaza de los Héroes y de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, espacios donde se espera aumenten los movilizados tras las convocatorias de sus respectivos sindicatos y entidades de distintas tendencias.
Los sectores ya incorporados a las manifestaciones, recrudecidas por la detención de 31 sindicalistas movilizados del sector energético, son los Sindicatos de la Administración Nacional de Electricidad, la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Asunción, Federación de Educadores, camioneros y Estudiantes por el Boleto Universitario.
Las formaciones políticas movilizadas son los partidos Paraguay Pyahurã, Fuerza Común, Participación Ciudadana, Juventud Revolucionaria Febrerista, Brigadas solidarias, la universitaria Corriente estudiantil Democrática y la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri.
Muchos de los jubilados y trabajadores iniciaron las protestas el 6 de diciembre contra el proyecto de ley cuyo debate inició entonces el Legislativo para crear la Superintendencia de Pensiones, sin considerar antes la opinión de esos sectores.
Las movilizaciones exigen desde ese día a los parlamentarios abstenerse de aprobar la nueva entidad, pues ello “sería algo lamentable para el Gobierno y para todo el país porque profundizaría la actual crisis”, como alertó en aquel momento la presidenta de la Confederación de la Clase Trabajadora, María Estela Silva.
De acuerdo con medios de prensa, la reacción contraria de esos sectores contra las facultades que tendrá la Superintendencia de Pensiones sobre el Instituto de Previsión Social responde a que esta última entidad es la responsable de la administración del seguro social.
El IPS, según el Decreto Ley 1860 del 1 de diciembre de 1960 por el que fue creado, protege la salud de los trabajadores asalariados y considera que «es función propia del Estado asegurar al ciudadano los medios que le pongan a cubierto de los azares de la vida en lo que respecta a enfermedad, maternidad, invalidez, accidentes de trabajo y otros».
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