De por sí el proyecto que tiene como vocero principal al ministro del Interior, Gérald Darmanin, representa un endurecimiento del trato a la inmigración, pero existen diferencias entre la visión oficialista y la esgrimida por conservadores y ultraderechistas, ambas diametralmente opuestas a las posiciones de la izquierda, dentro de la cual existen matices.
Desde el ejecutivo la intención es combinar un mayor control de la inmigración ilegal, por ejemplo expulsando a quienes constituyan una amenaza por terrorismo o delincuencia, con la integración, esta última fuera de los planes de la derecha, mientras los más progresistas se oponen a la norma y demandan respeto a los derechos básicos de las personas.
En resumen, el gobierno aportó el texto inicial, el Senado –controlado por Los Republicanos (conservadores)- lo transformó significativamente en noviembre y una comisión de la Asamblea Nacional revirtió algunos de esos cambios, pero el lunes una moción de rechazo impidió el debate en la cámara baja.
La iniciativa ecologista encontró una rarísima “alianza” derecha-izquierda que frenó en seco el avance y el voto en la Asamblea del proyecto, por lo que el presidente Emmanuel Macron decidió convocar a una comisión mixta paritaria (siete diputados y siete senadores) para tratar de salvarlo, con su adopción antes de que termine el año.
Así las cosas, la comisión comenzará el lunes los trabajos, lo que implica una complicada negociación en curso entre el oficialismo y los Republicanos, con la ventaja para los segundos, ya que el texto base de las discusiones será el documento endurecido por el Senado.
Ese texto suprimió la ayuda médica del Estado a los indocumentados,
sustituyéndola por una discreta asistencia de urgencia, y extremó los límites hasta la excepcionalidad para la regularización de los trabajadores sin papeles en puestos en los que falta mano de obra en Francia, una prioridad del
ejecutivo.
Asimismo, según la versión de la cámara alta, los extranjeros en situación regular deberán justificar cinco años de residencia, en lugar de los seis meses actuales, para optar por apoyos en el alojamiento, y será mucho más fácil expulsar del territorio nacional a quienes no clasifiquen para el asilo.
Incluso el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, reconoció un revés y abogó por centrarse en el proyecto del Senado, un criterio que atacó, de acuerdo con medios de prensa, la primera ministra Élisabeth Borne anoche en una reunión para analizar el desafiante escenario y las estrategias gubernamentales.
En entrevista hoy con la cadena Franceinfo, el ministro delegado para las Relaciones con el Parlamento, Franck Riester, matizó el panorama, señalando que el gobierno, si bien buscará el consenso en la comisión, que cuenta con cinco oficialistas e idéntica cantidad de conservadores entre sus 14 miembros, no asumirá todo lo impuesto por el Palacio de Luxemburgo.
Trabajamos e intercambiamos mucho sobre la base del texto del Senado, pero no acerca de todo su contenido, porque hay asuntos que no nos convienen ni se corresponden con nuestra filosofía, dijo.
Mientras, los partidos de izquierda y la extrema derecha (Agrupación Nacional) parecen espectadores del duelo entre oficialistas y conservadores, aunque los liderados por la diputada y excandidata presidencial Marine Le Pen se sienten en su terreno, con la balanza inclinada hacia los que aspiran a complicar las cosas para la inmigración.
Protegemos a los franceses de una corriente migratoria, manifestó Le Pen, portadora de un proyecto alternativo mucho más agresivo hacia los extranjeros en condición irregular.
El gobierno tiene un as bajo la manga, el artículo 49.3 de la Constitución, activado ya una veintena de veces para adoptar normas sin el voto parlamentario, pero Macron asegura preferir el debate y el sufragio de un documento fruto del consenso en la comisión mixta paritaria que arrancará el lunes.
Si se lograsen acuerdos, la iniciativa deberá votarse tanto en el Senado como en la Asamblea Nacional, presumiblemente antes del fin del año.
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