El sondeo del Instituto CSA, realizado para los medios Le Journal du Dimanche, Europe1 y CNews, sale a la luz un día antes del comienzo del trabajo de una comisión paritaria de senadores y diputados para tratar de salvar el proyecto de nueva ley de inmigración promovido por el gobierno, frenado por una moción de rechazo en la Asamblea Nacional.
La encuesta seguramente agrada a los conservadores (partido Los Republicanos) y a la extrema derecha (Agrupación Nacional) que aspiran a una norma agresiva, que elimine la ayuda médica del Estado a las personas “sin papeles” o limite al máximo la regularización de las que laboran en sectores con déficit de mano de obra, defendidas por el ejecutivo.
Según el estudio, el 73 por ciento de los entrevistados consideró que en materia de expulsión, la seguridad debe primar por encima de los derechos de los extranjeros, mientras el 60 se opuso a la adquisición automática de la nacionalidad francesa por los niños que nacen en suelo galo de padres foráneos.
Respecto a la regularización de los indocumentados con empleos en áreas bajo tensión, el 65 por ciento de los participantes en el sondeo la rechazó, incluso una mayoría dentro de las filas de la fuerza gobernante Renacimiento.
Mañana, siete senadores y siete diputados analizarán en la comisión el texto base adoptado en el Senado, de dominio conservador, el cual transformó radicalmente la iniciativa promovida por el gobierno en el Parlamento.
El oficialismo se ha visto, tras la moción del pasado lunes en la Asamblea Nacional, obligado a negociar con la derecha que busca ir más allá en el endurecimiento del trato a la inmigración, con la esperanza de generar un proyecto equilibrado.
rgh/wmr
