Después de un comienzo dilatado y tenso la víspera, el órgano paritario, integrado por siete senadores y siete diputados, regresará a la mesa con dos protagonistas: un oficialismo que trata de salvar la iniciativa y unos conservadores (Los Republicanos) que intentan endurecerla todo lo posible.
Según el ministro del Interior y principal promotor del proyecto, Gérald Darmanin, las partes ya están casi de acuerdo en todo, mientras la izquierda (con tres integrantes en la comisión) exige la retirada de la norma por contraria a los derechos humanos y la ultraderecha (un miembro) la tilda de insuficiente.
Entre las concesiones del gobierno a los conservadores, quienes dominan el Senado y transformaron en esa cámara el documento original, están el establecimiento de un delito de estancia irregular castigado con una multa y las restricciones a los indocumentados en el acceso a tarifas reducidas del transporte público.
Asimismo, el ejecutivo prometió finalmente revisar la Ayuda Médica del Estado a los “sin papeles”, beneficio que la derecha aspira a eliminar para sustituirla por una asistencia de urgencia.
Al parecer no se ha logrado un arreglo sobre el tema de las prestaciones sociales a los extranjeros, que los conservadores buscan fijar en un tiempo de cinco años de residencia para obtenerlas, una complicación que el ejecutivo dice no estar dispuesto a aceptar.
Para el ministro Darmanin, debe distinguirse entre los extranjeros que trabajan y los que no, en un proyecto que plasma la rápida expulsión del territorio nacional de las personas vigiladas por amenaza de terrorismo o delincuencia, una acción que los más reaccionarios quisieran extender a otras categorías en situación migratoria irregular.
Desde la izquierda abundan las denuncias de la “complicidad” del gobierno con la derecha radical y llaman a retirar la iniciativa.
En ese sentido, el presidente del grupo socialista en la Asamblea Nacional, Boris Vallaud, acusó al ejecutivo de ceder en todas “sus líneas rojas”, y el coordinador de La Francia Insumisa, Manuel Bompard, manifestó “una subordinación indigna de los macronistas a Marine Le Pen (líder de la extrema derecha)”.
La comisión mixta paritaria fue la salida encontrada por el oficialismo para intentar salvar su proyecto de nueva ley de inmigración, tras la adopción en la Asamblea Nacional de una moción de rechazo que frenó en seco los debates en la cámara baja, la cual en Francia tiene la última palabra en el ámbito parlamentario.
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