“Yo le confirmo que hay disposiciones en el texto que no son conformes con la Constitución”, subrayó en declaraciones a la cadena France Inter.
Anoche, el Senado y la Asamblea Nacional adoptaron por amplio margen, en ambos casos con el rechazo de la izquierda, la iniciativa que endurece el tratamiento a la inmigración y satisface las aspiraciones de la derecha, tras una negociación entre el oficialismo y los conservadores en la comisión mixta convocada por el ejecutivo para salvar su proyecto.
Borne aseveró que el presidente Emmanuel Macron acudirá al Consejo Constitucional para tratar de revertir las medidas en cuestión, dejando sobre la mesa la pregunta de por qué el gobierno las aceptó durante unas discusiones que diversos sectores denunciaron como una concesión a las posturas más radicales y de extrema derecha.
Según medios de prensa, entre los temas que pudiera cuestionarse el Consejo están el establecimiento de cuotas migratorias, la recuperación del delito de estancia irregular y las limitaciones a la reunificación familiar.
La ley señalada como un guiño a la derecha recoge las restricciones de la asistencia social a extranjeros, en particular en el alojamiento, la recuperación del delito de estancia irregular con una multa como sanción y las limitaciones en la regularización de los indocumentados que trabajan en puestos con falta de mano de obra.
Asimismo, contiene restricciones del derecho de suelo (a la nacionalidad para los hijos de extranjeros que nacen en Francia) y a la reunificación familiar y contempla facilidades para expulsar del país a personas sin un estatus regular que representan una amenaza en materia de terrorismo y delincuencia.
Por si fuese poco, el gobierno se comprometió a “revisar” la Ayuda Médica del Estado (AME) a los indocumentados, que los conservadores buscaban eliminar en la ley sustituyéndola por una asistencia de urgencia, y ofreció la apertura antes de 2026 de varios campos de detención de inmigrantes.
De acuerdo con Borne, no hay intención de suprimir la AME.
Ayer, el ministro del Interior y principal defensor de la nueva ley de inmigración, Geráld Darmanin, había reconocido también aspectos anticonstitucionales de la norma, pero argumentó que el trabajo de los políticos era elaborarla, y que serán las autoridades competentes las encargadas de juzgar el cumplimiento o no de la carta magna.
Diversas organizaciones defensoras de los migrantes y de los derechos humanos anunciaron que apelarán ante el Consejo Constitucional.
Casi 60 parlamentarios oficialistas no votaron a favor del texto por su inclinación marcada hacia la derecha y varios ministros lo cuestionaron, con informaciones de que el titular de Salud, Aurélien Rousseau, presentó su renuncia en señal de malestar.
La líder de la bancada de La Francia Insumisa en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, consideró que la primera ministra “debe partir” y denunció que la iniciativa fue discutida en el Palacio del Elíseo.
En diálogo con la cadena Franceinfo, la diputada señaló que el texto no siguió el curso democrático y acusó al gobierno de “ser nada” sin el artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar proyectos sin el voto parlamentario, herramienta usada ya por Borne en 23 ocasiones, sobre todo en asuntos relacionados con el presupuesto y con la polémica reforma a la jubilación.
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