En particular esas autoridades desafiarán lo concerniente a la nueva restricción, que entraría en vigor si el presidente Emmanuel Macron promulga como se espera la norma, de condicionar a cinco años de residencia en el país la entrega de la ayuda para no perder el domicilio a extranjeros en condición regular.
La decisión implicaría buscar alternativas territoriales al Subsidio de Autonomía Personalizado (APA), regulado por la iniciativa aprobada ayer en la Asamblea Nacional y el Senado tras una negociación entre el gobierno y los conservadores para salvar el proyecto de ley promovido por el ejecutivo, que endurece el control en materia de inmigración.
Los presidentes de los departamentos de Lot, Serge Rigal (socialista), y Seine Saint-Denis, Stéphane Troussel, también socialista, están entre los políticos opuestos a la medida.
Todos los habitantes de Seine Saint-Denis, en la Región Parisina, merecen la solidaridad y la humanidad, al margen de dónde vengan, por lo que seguiremos entregando el APA a los extranjeros en situación regular, advirtió Troussel en la res social X.
La ley, sobre la que se pronunciará esta noche Macron, es considerada una concesión a las posturas antiinmigrantes de la derecha y la extrema derecha, con otras restricciones polémicas como los obstáculos a la reunificación familiar, el restablecimiento del delito de residencia irregular y la limitación de la regularización de trabajadores “sin papeles”.
Diversas organizaciones sociales levantaron la voz contra la norma, entre ellas Médicos Sin Fronteras, la Liga de los Derechos Humanos y Abbé Pierre, una fundación consagrada a la labor humanitaria.
En declaraciones a la cadena BFM TV, el presidente de la Liga de los Derechos Humanos, Patrick Baudouin, señaló que ayer se produjo una “jornada de la vergüenza”, por la adopción de un texto endurecido en un sentido represivo y regresivo.
Desde la izquierda han llamado a Macron a no promulgar la norma, mientras el gobierno anunció que la enviará al Consejo Constitucional.
Pese a negociarla con los conservadores, el oficialismo reconoció hoy en voz de la primera ministra Élisabeth Borne que la iniciativa contiene disposiciones contrarias a la Constitución.
ro/wmr
