Imposible resumir todo lo que ocurre en un evento en pleno desarrollo de una gran magnitud y que impacta a muchas personas, desde las que sufren el tema de la migración irregular hasta las que abogan por enfocarlo con posturas integrales y de respeto a los derechos humanos.
Acusado de ceder a las presiones de la derecha para poder sacar a flote su proyecto de endurecer el control en la cuestión migratoria, el gobierno parece a la defensiva y con fisuras significativas en su campo, con casi 60 parlamentarios oficialistas que no apoyaron la iniciativa ayer, lo que explica la comparecencia anunciada para esta noche del presidente Emmanuel Macron.
La norma fue fruto de un acuerdo entre el ejecutivo y los conservadores (partido Los Republicanos), que habían modificado el texto original con su dominio en el Senado, en una comisión paritaria encargada de evitar el naufragio de una ley censurada en la Asamblea Nacional.
Si este pacto secreto atizó las denuncias y los reclamos de la izquierda de retirada del proyecto, la gota que colmó la copa llegó con la decisión de la extrema derecha (Agrupación Nacional) de respaldarlo en la Asamblea y de considerarlo su triunfo ideológico, aunque lejos de sus objetivos en la cruzada contra la inmigración.
La primera ministra Élisabeth Borne y el ministro del Interior Gérald Darmanin celebraron la aprobación de la ley, sin embargo, esta mañana admitieron que la misma cuenta con medidas contrarias a la Constitución, reafirmando la intención de Macron de acudir al Consejo Constitucional para revertirlas.
Desatan críticas las restricciones a la reunificación familiar, el establecimiento de cuotas plurianuales de inmigración y del delito de la estancia irregular, el condicionamiento de las ayudas sociales a extranjeros –en particular para alojamiento- y la posibilidad de reformar la Ayuda Médica del Estado a los indocumentados, que los conservadores querían eliminar.
El líder de los socialistas, Olivier Faure, pidió en las redes sociales de manera solemne a Macron no promulgar la norma, y también lo fustigó señalándolo como un mandatario que dice ser al mismo tiempo de derecha y de izquierda, pero que con la ley demostró ser de derecha y de extrema derecha.
Por su parte, la eurodiputada por La Francia Insumisa Manon Aubry tildó a la iniciativa de la “más xenófoba de nuestra historia” y sumó su voz a la del coordinador de su partido, Manuel Bompard, quien llamó a una reunión de las fuerzas de izquierda.
También duras fueron las palabras del senador ecologista y excandidato presidencial Yannick Jadot, para quien la ley de inmigración representa “la ruptura trumpista del quinquenio”.
En su cuenta en X, Jadot acusó a Macron de validar mediante la norma tesis complotistas sobre la inmigración e ideas y soluciones injustas e indignas promovidas por la extrema derecha.
Otra de las secuelas de la adopción del texto es la renuncia del ministro de Salud Aurélien Rousseau, y los cuestionamientos de diputados oficialistas, al punto de que la jefa de la bancada en la Asamblea Yaël Braun-Pivet reconoció preocupación por el escenario imperante.
Las expectativas se centran ahora en cómo reaccionará el Consejo Constitucional, y en qué harán los conservadores si ese órgano retira medidas impuestas por el partido Los Republicanos (LR).
De hecho, en la derecha tradicional han celebrado la ley de inmigración catalogándola de un triunfo, a través de las declaraciones de los presidentes de LR en el Senado, Bruno Retailleau, y en la Asamblea, Olivier Marleix.
Para Marleix, por primera vez en mucho tiempo Francia cuenta con la herramienta para controlar el tema.
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