Ese argumento sólo responde a una puesta en escena para crear al “enemigo común” y aplicar, con el aval de un sector de la sociedad, un protocolo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El objetivo es criminalizar la protesta social, demostrar poder y cercenar el legítimo derecho a manifestarse públicamente, señala un comunicado de esa organización.
Además, el Capac expresó su respaldo a las declaraciones del director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, Eugenio Martínez, quien advirtió sobre “intentos calumniosos de asociar a Cuba con la supuesta agitación o preparación de actos vandálicos en Argentina”.
Afirmo categóricamente que Cuba no promueve ni participa ni ejecuta actos que constituyan injerencia en los asuntos internos de Argentina, añadió Martínez en un mensaje divulgado la víspera.
El Capac reprodujo dicho pronunciamiento y denunció la existencia de una maniobra para encubrir que la movilización popular en las calles responde a las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno del ultraderechista Javier Milei.
Estamos sufriendo la implementación de una doctrina de shock fiscal criminal que profundiza la crisis, afecta a todos los sectores del entramado social y sólo es posible de sostener con un plan recesivo, que en los siguientes meses provocará más inflación, pérdidas de puestos de trabajo y condenará a todos a salarios de hambre, apunta el comunicado.
También condena la intención de la Cancillería argentina de retirar sus embajadores en Cuba, Venezuela y Nicaragua, dejando las relaciones diplomáticas en un segundo nivel.
Es una medida que nunca se consultó con el Congreso ni con la población. Las últimas acciones de la gestión actual buscan perseguir y amedrentar a los ciudadanos. Por lo tanto, denunciamos que estamos ante un gobierno totalitario que afecta gravemente a todos los sectores de la sociedad. Estamos ante la presencia del anarcocapitalismo, que sólo puede funcionar con represión, apunta.
Con la puesta en vigencia del protocolo, la protesta social deja de ser un derecho para pasar a ser un delito. Incluso puede entenderse como la imposición de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías para el pueblo, concluye.
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