Además de por el mandatario, el órgano de nueve miembros conocidos como “Los Sabios” fue invocado por la primera ministra Élisabeth Borne, la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y alrededor de 60 diputados, la mayoría de fuerzas políticas de izquierda opuestas a la norma.
De acuerdo con la cadena Franceinfo, Macron argumentó en su solicitud que el texto sufrió cambios importantes respecto a la versión original presentada por el gobierno, de ahí la importancia de verificar si el contenido aprobado por el Parlamento respeta los derechos y las libertades recogidos en la Constitución.
El proyecto de ley de inmigración impulsado por el ejecutivo resultó endurecido por los conservadores en el Senado, donde el partido Los Republicanos es dominante, y no pudo ser votado en la Asambleas Nacional por una moción de rechazo que bloqueó el debate.
En respuesta al fracaso, Macron convocó a una comisión mixta paritaria (siete senadores y siete diputados) en la que el oficialismo y los conservadores lograron un acuerdo, ventajoso para los segundos en el empeño de endurecer el tratamiento a la inmigración, al punto de que la extrema derecha calificó la iniciativa de una victoria ideológica.
La primera ministra Borne y el ministro del Interior y principal impulsor del proyecto, Gérard Darmanin, admitieron que algunas de las medidas contempladas pudieran ir en contra de la Constitución, entre ellas la imposición de un depósito de garantía a estudiantes extranjeros para poder ser aceptados en centros docentes de Francia.
El texto también restringe la reunificación familiar y la regularización de trabajadores indocumentados y llama a reformar la Ayuda Médica del Estado a personas “sin papeles”, beneficio que la derecha quiere eliminar.
No está claro cuándo el Consejo Constitucional prevé emitir su dictamen, el cual es irrevocable.
“Los Sabios” tienen un mes para pronunciarse, y su decisión puede ser validar la ley, lo que permitiría a Macron promulgarla, o censurarla, lo que implicaría anular las votaciones en el Parlamento que siguieron al acuerdo de la comisión mixta.
Otra posibilidad, tal vez la más probable, es que el Consejo rechace algunos artículos de la norma y deje que sea promulgada.
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