Desde 2015 esos individuos diseñaron un complejo esquema de evasión de impuestos, mediante el cual causaron perjuicios a las arcas estatales por 240 mil millones de pesos (unos 276 millones de dólares).
Los involucrados crearon compañías en rubros como los servicios y la construcción, con el único propósito de defraudar al fisco.
Estaban vinculados a siete clanes criminales y emitieron más de 100 mil facturas falsas a unos tres mil 300 contribuyentes.
El clan Canessa, liderado por José Antonio Pavez Canessa, creó una red compuesta por 16 empresas que se dedicaban a la emisión y facilitación de boletas adulteradas a otras firmas.
También operaban los clanes Galaz, Barraza, Croxatto, Nexus, Barriga y Polanco
El objetivo de la comisión investigadora, que deberá presentar un informe en un plazo de 60 días, es fiscalizar las acciones del Ministerio de Hacienda, de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero a lo largo de la última década.
La solicitud para establecer esta instancia fue presentada por 66 diputados debido a la gravedad del caso.
El fraude se conoció en diciembre pasado durante un operativo realizado por la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones (PDI), que allanó simultáneamente 83 domicilios en distintas regiones del país.
Los líderes de esos grupos, todos chilenos, adquirieron lujosos bienes y propiedades de manera ilegal.
Hasta el momento la PDI logró recuperar artículos, viviendas y dinero por un total de 25 mil millones de pesos (28,6 millones de dólares).
La Fiscalía acusa a los empresarios por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.
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