El documento señaló que el artículo 19 de la norma introducirá una «preferencia nacional» para «las prestaciones familiares y los subsidios de vivienda, que se dirigiría de facto contra las personas más vulnerables y los niños».
Añadió que “condicionar la casi totalidad de las prestaciones familiares y las ayudas a la vivienda, solo para los extranjeros, a una presencia de al menos cinco años en el país o a un periodo mínimo de empleo» puede agravar la pobreza y las condiciones de vida de los más vulnerables.
Según el colectivo denunciante, «la ley de inmigración es contraria» a los principios de «libertad, igualdad y fraternidad» que conforman la República francesa al «imponer diferencias de trato sin que exista diferencia de situación».
«Se estima que al menos 110 mil personas, entre ellas 30 mil niños, se verían privadas de sus derechos sociales, a igualdad de cotización, por el único motivo de su lugar de nacimiento o de la nacionalidad de sus padres», indicó el texto.
En declaraciones a Franceinfo el coportavoz del colectivo Arnaud Bontemps, aseguró que si la ley entra en vigor «muchas de estas familias caerán en la pobreza» y de los menores amenazados “uno de cada dos se situaría por debajo del umbral de la extrema pobreza».
«Debido a la nacionalidad de los padres, hay una violación muy importante de los principios constitucionales, del principio de igualdad y del principio de no discriminación», dijo.
El proyecto de ley de inmigración fue aprobado definitivamente por el Parlamento el 19 de diciembre, tras un largo debate y multitudinarias protestas en las calles para exigir la «retirada total» de esta ley.
Están previstas nuevas concentraciones el domingo 21 de enero, antes de la decisión del Consejo Constitucional el 25 de enero.
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