“La ley de la vergüenza”, “no en nuestro nombre” y “todos tenemos los mismos derechos humanos” fueron algunas de las expresiones recogidas por Prensa Latina en la parisina plaza de Trocadero, de donde partió una de las más de 160 movilizaciones registradas en suelo galo.
Por segundo domingo consecutivo, muchas personas respondieron a convocatorias de organizaciones sociales y sindicatos, con el apoyo de fuerzas políticas de izquierda, protestas que en el caso de las de hoy contaron con un llamado previo a las calles de 200 personalidades de la vida asociativa y gremial.
Los manifestantes demandaron la renuncia del ministro del Interior Gérald Darmanin y recordaron valores tradicionales franceses como la igualdad, la fraternidad, la solidaridad y la justicia.
En las marchas abundaron los reclamos de regularizar la situación de cientos de miles de trabajadores extranjeros sin papeles, lo cual es limitado al máximo por la iniciativa que el gobierno y los conservadores negociaron en una comisión parlamentaria mixta, con ventaja para estos últimos.
Además de en París, las manifestaciones tuvieron lugar en Marsella, Lyon, Burdeos, Toulouse, Lille, Nantes, Estrasburgo, Metz, Caen y otras ciudades.
Las movilizaciones representan un intento de presionar al Consejo Constitucional, que el 25 de enero emitirá su dictamen sobre el apego o no de la ley de inmigración a la carta magna, el único paso que falta para la promulgación de la norma por el presidente Emmanuel Macron.
El texto genera polémica al ser considerado por la extrema derecha una victoria ideológica, con medidas como la imposición de un depósito de garantía a estudiantes extranjeros para poder ser aceptados en universidades de Francia.
También restringe la reunificación familiar, limita el apoyo a quienes residen legalmente, por ejemplo en materia de alojamiento, y llama a reformar la Ayuda Médica del Estado a personas indocumentadas, beneficio que la derecha quiere eliminar.
De acuerdo con los entendidos, resulta improbable que el Consejo censure la ley en su conjunto, aunque sí es bastante posible que rechace algunos artículos, o al menos una parte de su contenido.
El propio gobierno admitió que hay acápites que no son de su agrado, como el cobro de un depósito a estudiantes foráneos.
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