Sergio Rodríguez Gelfenstein*, colaborador de Prensa Latina
Nicaragua ha debido luchar en defensa de su soberanía casi desde el mismo momento en que se constituyó como república independiente.
Desde la invasión británica de 1847 a su costa Caribe, y al año siguiente a San Juan y la isla del Tigre en el Golfo de Fonseca como expresión de la pugna con Estados Unidos para apoderarse de la estratégica región, pasando por las tres expediciones del filibustero estadounidense William Walker entre 1855 y 1860 para establecer una dictadura personal en el territorio nacional hasta el intento de golpe de Estado de 2018, Nicaragua ha debido encarar una larga lista de invasiones y amenazas a su soberanía.
Al comenzar el siglo XX, en 1909, en el marco de la política del “Gran Garrote” y la “Diplomacia del Dólar”, el presidente estadounidense, William Taft, propició un golpe de Estado contra el mandatario nacionalista José Santos Zelaya.
En ese contexto, Estados Unidos ocupó Nicaragua en 1912 imponiéndole cuatro años después el tratado Bryan-Chamorro que era expresión de un virtual protectorado sobre la nación centroamericana. Las tropas yankis permanecieron en el territorio nacional por 21 años hasta que el pueblo nicaragüense liderado por el general Augusto César Sandino los derrotó militarmente y los expulsó del país.
Sandino fue traicionado y asesinado en 1934, tras lo cual Washington instaló en Managua una brutal dictadura dinástica encabezada por Anastasio Somoza y sus hijos que fue defenestrada por la lucha del pueblo nicaragüense conducido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) el 19 de julio de 1979.
Antes, durante los primeros días de julio de ese año, el “democrático” presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, intentó escamotearle el triunfo al FSLN, primero al desembarcar tropas en la ciudad de Liberia al norte de Costa Rica a solo 75 km. de la zona de combate, para después propiciar el apoyo de la OEA a una intervención militar en el país y finalmente, tras la huida de Somoza el 17 de julio, pretender instalar un régimen “somocista sin Somoza” a cargo de Francisco Urcuyo.
Ya en el poder, la revolución sandinista se vio obligada a enfrentar una guerra que le valió perder más de 50 mil ciudadanos como resultado de acciones directas e indirectas de Estados Unidos durante el período que transcurrió entre 1979 y 1990. El daño económico causado por la guerra de Estados Unidos contra Nicaragua se estimó en 17 mil millones de dólares.
Vale repetir entonces que la historia de Nicaragua es una historia de lucha por su sobrevivencia como nación independiente. Y en esa larga epopeya han aprendido a conocer al enemigo- tanto al interno como al externo- generando un sentimiento, un honor y orgullo del ser nicaragüense que le ha permitido en los últimos años enfrentar exitosamente las nuevas modalidades de intervención imperialista.
En el pasado reciente, nuevamente Washington intentó derrocar al gobierno democrático del país. ¿O es que acaso no nos han repetido durante 200 años que democracia es aquel sistema que emerge de las elecciones? El pueblo nicaragüense, conducido por el FSLN, ha aprendido a ganar los comicios de la democracia representativa y haciendo uso de las prerrogativas que le concede la autoridad del Estado insertas en la Constitución Nacional, están defendiendo el legítimo poder adquirido. La nueva embestida imperial se produjo en abril de 2018. Una alianza de delincuentes juveniles traídos de El Salvador junto a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), instituciones gremiales y de empresarios, todas bajo conducción de la Embajada de Estados Unidos, las de la Unión Europea y la jerarquía de la iglesia católica y con el respaldo financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Nacional para la Democracia y el Instituto Republicano Internacional, todas instituciones al servicio del gobierno de Washington, lograron atraer a un sector de la población para realizar acciones violentas encaminadas a derrocar al gobierno en un país que mostraba resultados económicos sobresalientes y los mejores índices de seguridad de toda la región.
Una vez controlados los incidentes que produjeron la muerte de 253 ciudadanos, cientos de militantes sandinistas torturados y heridos y miles de millones de dólares en daños a la economía, el presidente Daniel Ortega llamó a un diálogo que en el marco de la democracia permitiera recobrar (una vez más) la estabilidad política, la gobernabilidad democrática y la seguridad económica brutalmente destrozadas en pocas semanas tras un largo camino de recuperación iniciado en 2007. La gran mayoría se acogió a la demanda dialogante del presidente, pero los que no lo hicieron, se tuvieron que enfrentar al peso del Estado, de las leyes y de la firme institucionalidad del país. Pilares fundamentales de ella son el Ejército Nacional de Nicaragua, las fuerzas de seguridad y de orden público que, emergidas de la revolución de 1979, garantizan como una firme columna vertebral el cuerpo de la nueva Nicaragua.
Gran escándalo hicieron los medios de comunicación transnacionales cuando en febrero del año pasado el gobierno sandinista decidió liberar y expulsar del país a 222 personas que se hallaban detenidas por haber recibido dinero directa o indirectamente de agencias del gobierno de Estados Unidos a través de instituciones sin fines de lucro o empresas, que se encargaban de administrar las agresiones estadounidenses contra Nicaragua. Otros 92, la mayoría viviendo en el exterior, fueron privados de su ciudadanía. Entre ellos, figuran muchos de los dirigentes y activistas de la intentona golpista de abril de 2018 que en el momento de su detención planeaban nuevas acciones terroristas para intentar afectar el proceso eleccionario de 2021.
La expulsión del país y la privación de la ciudadanía por acciones delictivas son medidas aplicadas por la mayoría de los países occidentales, incluido Estados Unidos. Desde 2010 el Reino Unido ha privado de su ciudadanía a 767 personas. No se conoce que tales medidas hayan sido repudiadas por ninguna ONG, tampoco se sabe nada acerca de la denuncia por algún medio transnacional ni por ningún partido de la izquierda tradicional latinoamericana o europea. Mientras esto ocurría, una misión del FMI- organización que, se sabe, no es un apéndice del comunismo internacional ni tiene su sede en Beijing o Moscú- visitó Managua del 6 al 17 de noviembre de 2023 con el fin de llevar a cabo la Consulta del Artículo IV de 2023. El equipo del FMI informó que: “La economía de Nicaragua ha mantenido su resiliencia frente a múltiples shocks gracias a políticas económicas adecuadas, colchones considerables y apoyo multilateral”. El organismo internacional tomó nota de que tras un fuerte repunte en 2021, el crecimiento económico ha sido estable gracias al consumo privado y al desempeño de las exportaciones desde 2022.
Al momento de realizar su informe, la organización pronosticó para Nicaragua un crecimiento del cuatro por ciento en 2023, así como la desaceleración de la inflación, superávit fiscal y amplios depósitos. En esa perspectiva consideró que en 2024 y en el mediano plazo el país continuaría su crecimiento económico en torno a un 3,5 por ciento anual soportado principalmente por el consumo privado.
En otros aspectos, la misión del FMI aseguró que las perspectivas económicas eran favorables y que los riesgos estaban equilibrados. Sin embargo, advirtió que podría haber sorpresas positivas reflejadas en un crecimiento aun mayor del PIB debido a una recuperación más sostenida de la demanda interna, incluida la inversión, y a una entrada de remesas más fuerte de lo previsto, especialmente en el corto plazo.
La misión del FMI estuvo de acuerdo con la decisión del gobierno “de seguir implementando políticas macroeconómicas prudentes- necesarias para conservar la resiliencia y una gestión económica clara y previsible- que respaldan el crecimiento a mediano plazo.
Finalmente, elogió a las autoridades por su interés en fortalecer y salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas y por el refuerzo a una adecuada consolidación fiscal del país. De la misma manera, se mostraron satisfechos con la estabilidad mostrada por el sistema financiero privado que se encuentra bien capitalizado y tiene liquidez, considerando que podría fortalecerse aún más.
En otro plano, el FMI reconoció “los esfuerzos de las autoridades para mejorar la transparencia fiscal” instando a que estos se mantengan para mejorar la supervisión de los fondos públicos.
No se ha sabido de que estos resultados hayan sido informados por ninguna ONG, tampoco dados a conocer por algún medio transnacional, ni festejados por ningún partido de la izquierda tradicional latinoamericana o europea.
Más de alguno debe estar pensando lo “peligroso” que resulta ser elogiado por una organización tan “despreciable” como el FMI, lo cual no deja de ser “sospechoso”. Otros pueden afirmar que eso se refiere a cifras macroeconómicas que no significan mejoras para el pueblo humilde de Nicaragua.
Pero hay que saber que los éxitos económicos de Nicaragua han permitido al gobierno tomar medidas para mejorar los marcos de gobernanza y anticorrupción al tiempo que ha elevado el nivel de vida de la población. En este ámbito, la Procuraduría General de la República de Nicaragua ha entregado más de 650 mil títulos de propiedad a otras tantas familias nicaragüenses entre 2007 y 2023. Con esto, se ha garantizado el bienestar de los ciudadanos más humildes al resguardar para ellos y sus familias la seguridad jurídica que da la propiedad de sus viviendas y tierras para el trabajo. En un esfuerzo sin precedentes, el gobierno del FSLN ha titulado casi 500 mil hectáreas desde su regreso al poder en 2007 destinando para ello 31 millones de dólares que permitieron que el proceso fuera totalmente gratuito para los beneficiarios, coadyuvando de esta manera también a la estabilidad y tranquilidad de las familias.
En otro orden, es importante saber que la economía nicaragüense se encuentra en una dinámica expansiva “moderada pero sostenida” con sólidos crecimientos de su PIB, llegando incluso a un 4,5 por ciento en 2023, cifra que supera la propia previsión del FMI para ese año.
En una entrevista para el medio ruso Sputnik en español, el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, y el diputado de la Asamblea Nacional Wálmaro Gutiérrez explicaron que después del retroceso producido por el intento de golpe de Estado de 2018 y la pandemia de 2020 a 2021, la economía del país entró en una dinámica de franca recuperación y crecimiento. Ello se manifiesta en tres años consecutivos de expansión de la economía lo cual ha tenido una clara incidencia en “el comercio, en la circulación vehicular y en el movimiento de las personas”.
Reyes y Gutiérrez afirmaron que en Nicaragua se estaba observando un dinamismo económico positivo de los sectores comercial, hotelero, restaurantero, así como de las actividades financieras y la de industria manufacturera. Aseguraron que el país ya tiene el “crecimiento económico consolidado y el motor muy bien encendido». Según ellos, la clave ha sido la reducción de la inflación registrada en 5,65 por ciento en noviembre pasado, cuando al cierre de 2022 esta se posicionó en 11 por ciento.
Otras cifras a destacar son el récord histórico en la acumulación de reservas internacionales, que cerraron el año 2023 con alrededor de cinco mil 300 millones de dólares, así como la industria turística en alza. Igualmente, Nicaragua finalizó el año con superávit presupuestario debido al alza recaudatoria de impuestos directos e indirectos, permitiendo garantizar el subsidio al combustible, el servicio de energía y agua potable, al transporte colectivo de Managua y el Caribe, a los jubilados y las universidades.
Para el año 2024 se espera una inflación aún más baja, así como el incremento de la inversión extranjera directa que viene al país confiada en el buen manejo de la economía y altos índices de seguridad ciudadana y jurídica. El país registró a octubre de 2023 un crecimiento del tres por ciento en las exportaciones valoradas en tres mil 449 millones de dólares, mientras que las remesas familiares alcanzaron a octubre más de tres mil 800 millones de dólares. De la misma manera, se espera también la reducción del desempleo para llevarlo hasta un 3-3,5 por ciento.
En otro plano, vale decir que el éxito económico y el superávit en el presupuesto han permitido tomar la decisión de consignar el 56.3 por ciento del mismo para la inversión social: en salud el 21 por ciento, en educación el 21.7, en vivienda y servicios comunitarios nueve, protección social 3.5, y recreación cultura y religión 1.1 por ciento.
Con ello, el gobierno del FSLN encabezado por el Comandante Daniel Ortega ha logrado revertir la tenebrosa situación en que dejaron al país los gobiernos neoliberales que lo condujeron por 17 años hasta 2007.
Particular importancia ha tenido la inversión que ha hecho el gobierno sandinista en materia de salud. El programa de inversión pública se multiplicó por cinco en estos años, alcanzando 97 millones de dólares el año 2022, mientras que el presupuesto del Ministerio de Salud se incrementó en 6,5 veces llegando a aproximadamente 614 millones de dólares.
En este sentido, el gobierno sandinista ha emprendido su programa de salud en tres vértices: la construcción de una nueva infraestructura hospitalaria y de atención primaria, la modernización de las existentes y la red comunitaria de apoyo.
El periodista argentino Alberto Más, en un artículo publicado en el portal “Acercándonos. Movimiento Cultural”, afirmo que: “Esta nueva infraestructura incluye programas digitales de conectividad entre hospitales y unidades de salud, proveyendo de conexión por internet por banda ancha a los hospitales y centros de salud a nivel departamental y municipal”.
Más señaló que si se compara la infraestructura existente en el año 2006 con la actual se puede constatar que de 56 hospitales, se pasó a 75, los que poseen tecnología e inversión permanente. Así mismo, el país cuenta “con 10 camas hospitalarias, nueve médicos, ocho enfermeras y nueve auxiliares de enfermería por cada diez mil habitantes”. Esta situación condujo a una abrupta caída de la mortalidad neonatal que bajó de 18 por cada mil nacidos vivos al inicio de esta nueva etapa de reconstrucción nacional, a nueve en el año 2022.
Nada de esto ha sido informado por ninguna ONG, tampoco dado a conocer por algún medio transnacional, ni festejado por ningún partido de la izquierda tradicional latinoamericana o europea. Para los que tienen dudas sobre estas cifras por ser oficiales y aportadas por altos funcionarios del Estado nicaragüense, tienen la opción de consultar al FMI, que puede corroborar sin duda alguna toda la información que se está ofreciendo.
Más fácil aún, pueden ir a Nicaragua y conversar con los trabajadores del mercado, los hoteleros, los taxistas, los restauranteros, los artesanos y si quieren ir más lejos hablen con soldados y policías y pregúntenles que piensan de su país y aprovechen de consultarles su opinión acerca de los intelectuales que transmiten odio desde Miami, Los Ángeles y Madrid, de los terroristas con sotana y de los traidores que prefieren sumir al país en muerte y destrucción antes que contribuir a la grandeza de su Patria.
Finalizo dando a conocer con el decreto del 14 de noviembre de 1927 emitido por el general de Hombres Libres Augusto C. Sandino desde el Cuartel General del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional en el Chipote, departamento de Nueva Segovia, Nicaragua:
Decreto
Son traidores a la Patria:
1. Todo nicaragüense que con miras políticas traficare con la honra de la Nación, solicitando apoyo oficial de los conquistadores de Nicaragua, así como del gobierno de la Casa Blanca y el que saliere del país como representante del gobierno espurio del traidor Adolfo Díaz.
2. El que haya celebrado pactos secretos con el enemigo, ya sea como jefe militar o como jefe civil.
3. El que prestare ayuda a los invasores y traidores para asesinar a los patriotas nicaragüenses que están defendiendo la Soberanía Nacional.
4. El que suministrare informes, verbalmente o por escrito, declarando contra sus conciudadanos.
5. El que solicitare protección de los invasores con el pretexto de defender sus intereses, ya sea nacional o extranjero le será aplicada la misma pena que la Constitución Política señala para los traidores a la Patria.
Al mismo tiempo, hago saber a la sociedad nicaragüense, al pueblo con quien los vínculos de espiritualidad me ligan a defender sus derechos, así como a los extranjeros radicados en el país, que: siendo el Ejército Defensor de la Soberanía de Nicaragua una institución perfectamente organizada y disciplinada, dará toda clase de garantías efectivas a nacionales y extranjeros siempre que guarden estricta neutralidad.
Dado en El Chipote, a los catorce días del mes de noviembre del año 1927.
Patria y Libertad. A.C. Sandino.
rmh/srg
*Licenciado en Estudios Internacionales, Magister en Relaciones Internacionales y Globales. Doctor en Estudios Políticos
(Tomado de Firmas Selectas)
