Por Jorge Petinaud Martínez
Corresponsal jefe en Bolivia
Autor de más de una decena de libros sobre el tema y ganador de premios por su destacada labor internacional, Martín declaró a Prensa Latina que “incluir a Cuba en esa lista unilateral es sumamente injusto y criticable en relación con el Gobierno de Estados Unidos y el Ejecutivo del expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022)”.
Integrante de la Comisión de la Verdad de Colombia y testigo de las conversaciones de paz en La Habana entre representantes gubernamentales y de las Fuerzas Armadas Colombianas-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el doctor en psicología social criticó la postura de Duque.
“Ese listado es parte de lo que cambió y se volvió a reactivar con la postura del Gobierno del exmandatario Duque; paradójicamente se trata de un país que se benefició del apoyo que dio Cuba a las conversaciones de paz, a las que asistí”, dijo en entrevista exclusiva a punto de partir hacia Europa.
“Duque indujo que en ese listado unilateral el nombre de Cuba se volviera a reactivar, algo que no merece otro calificativo que intolerable”, enfatizó.
Respecto al bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace más de seis décadas, opinó que quien sufre las consecuencias es la sociedad civil.
“Sin las vacunas en los hospitales y sin otros recursos que necesita la población, estas represalias constituyen una violación de los derechos humanos”, sostuvo.
VIOLENCIA GENERALIZADA
Al referirse a la situación actual de la justicia en el mundo, subrayó que se trata de un momento clave en el cual toda la cultura de lucha por los derechos humanos está en un grave riesgo porque “parece que nombrar lo intolerable no convoca a la acción; conmociona lo que
acontece en muchas partes del mundo como en Gaza, Palestina”.
Allá prevalece una violencia generalizada y de lo que se debate es de genocidio, agregó, de crímenes de guerra de lesa humanidad.
“Lo importante no es la cuestión del nombre, porque se trata de un crimen intolerable que debe detenerse ya -insistió Martín- la que paga es la población de ese pedazo de Palestina, y tiene que haber una respuesta adecuada a lo que establece el Derecho Internacional Humanitario”.
No se trata solo de una investigación sobre lo que está pasando allá, precisó, sino del derecho del pueblo palestino a existir, a tener su territorio y a construirse como Estado independiente.
“Vemos que en muchos lugares coincide la negación de las víctimas, lo cual cuestiona una conquista histórica de los pueblos que considero muy peligroso, porque cada vez las estructuras más autoritarias en lo político están ganando adeptos, votos, saben cómo controlar los medios de comunicación”, subrayó.
Con todo eso, indicó, esos sectores toman más control político de países enteros; un riesgo muy evidente, y muchos de los mecanismos creados internacionalmente como las Naciones Unidas, por ejemplo, se ven cuestionados, limitados, atacados directamente, sin que haya una capacidad de respuesta frente a muchas de esas cosas.
“Es un momento difícil que nos llama a todos y todas a defender esas conquistas y no dejarnos arrastrar por el autoritarismo y la violencia crecientes en muchos países”, razonó el prestigioso intelectual.
PRESENCIA EN BOLIVIA
La secretaria técnica de la Coalición Ciudadana Contra la Tortura} (CCTN), Emma Bolshia Bravo, calificó de acontecimiento “muy importante” el taller Intervención Psicosocial con Poblaciones Vulnerables, impartido por el investigador español.
“El doctor en Psicología social, licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Educación para la Salud, es un profundo conocedor de la realidad de nuestro continente, y resulta un interlocutor muy válido desde el punto de vista psicosocial en el trabajo con
poblaciones vulnerables”, dijo Bravo.
La secretaria técnica enfatizó en que el arsenal teórico y académico del estudioso del país europeo unido a su experiencia práctica en el terreno resultaron de mucha utilidad para quienes se ocupan de esta problemática en Bolivia.
Significó que fue relevante la conferencia magistral Secuelas Psicosociales Causadas por el Disfuncionamiento de la Justicia que sirvió de colofón al curso impartido gratuitamente gracias al financiamiento de la Unión Europea.
Respecto a esa disertación, Martín confesó sentirse impresionado por la concurrencia de más de un centenar de personas que participaron y escucharon acerca de un tema difícil y duro, pues se trataba de la lucha contra la impunidad en América Latina con una fuerte perspectiva de las víctimas.
“Muy emotivo e impactante resultó la intervención de la embajadora de Colombia, Elizabeth García, de origen indígena arhuaca con su dramático testimonio como víctima del conflicto en su país que la obligó a emigrar a Canadá, donde la entrevisté en mi condición de integrante de la Comisión de la Verdad”, recordó el estudioso español.
Muchos de los emigrantes colombianos padecían lo que los especialistas denominan impotencia aprendida, apuntó el especialista, pues cuando hacían una denuncia ante la Fiscalía de su país los amenazaban de muerte y no les quedaba más remedio que salvar la vida en el
extranjero.
Para él, resultó muy estimulante encontrarla aquí, pues la entrevistó en aquellas circunstancias, y ahora es la máxima representante de Colombia en Bolivia.
“Es una muy buena noticia -expresó-, y su testimonio fue muy impactante y revelador de lo sufrido por Colombia en la lucha por la paz y la defensa de los derechos humanos”.
Martín también fue coordinador del Informe Guatemala Nunca Más (1994-1998) y asesor de las Comisiones de la Verdad de Paraguay, Perú y Ecuador.
En su currículo se incluyen investigaciones sobre desaparecidos y fosas comunes en el Sahara Occidental, miembro de la Comisión de Valoración de Víctimas (2011-2015) y parte del equipo facilitador de la iniciativa Glencree en el País Vasco (2007-2012).
Integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, intervino en las investigaciones internacionales sobre los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, México.
Por su extensa labor, recibió en 1998 el Premio León Felipe de Derechos Humanos (1998, Madrid), el Guernica de Derechos Humanos y Reconciliación (2015, País Vasco) y el René Cassin (2020), otorgado por el Gobierno vasco en reconocimiento. arc/jpm
