La causa legal responde a una querella criminal por supuestas injurias, calumnias y delito de odio, presentada por el presidente de la organización PrisonersDefenders, Javier Larrondo, en alusión al contenido del reportaje “Crear una crisis sanitaria en Cuba: objetivo de la guerra contra su cooperación médica”, divulgado por el medio de prensa cuestionado.
El trabajo describe y denuncia la labor de la organización querellante, en coordinación con el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, en la destrucción de los convenios médicos de Cuba con algunos países, afirmó Manzaneda en declaraciones divulgadas en la web.
Tal política de colaboración, además de llevar servicios de salud a millones de personas en comunidades empobrecidas, aportan algunos ingresos para sostener, en un escenario de agudas sanciones de Washington, parte del sistema sanitario público interno de la Isla, refleja un texto divulgado en el sitio web del medio informativo.
Cubainformación se expone a una condena de seis años de cárcel y una indemnización de 50 mil euros, solicitada por la parte demandante.
Esta querella ataca a una organización y a un medio de comunicación del Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba, buscando herir económicamente tanto la cooperación que desarrolla Euskadi-Cuba como censurar la voz crítica e incómoda de Cubainformación, añadió el periodista.
Seguiremos denunciando el bloqueo contra Cuba como un crimen de guerra y apoyando al pueblo cubano con toda la solidaridad posible. Una solidaridad que Cubainformación y Euskadi-Cuba necesitarán en los próximos meses, frente a lo que, en nuestra opinión, es un ataque a la labor de cooperación y a la libertad de prensa, expresó Manzaneda.
Tanto el Ministerio Fiscal, como la defensa, solicitan la absolución al considerar que los hechos no constituyen delito.
Es una paradoja que el presidente de una Asociación que dice defender Derechos humanos pretenda, no solo criminalizar la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad ideológica, mientras solicita el ingreso a prisión durante más de seis años a quienes simplemente legítimamente discrepan de determinada práctica política en un artículo periodístico.
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