Macron, quien se encontraba ayer de visita en la India, firmó la iniciativa en el extranjero, ya que la decisión del Consejo se conoció entrada la jornada del jueves.
“Los Sabios”, como llaman en suelo galo a los nueve miembros del órgano, eliminaron o transformaron 35 de los 86 artículos de la ley, adoptada el pasado 19 de diciembre por la Asamblea Nacional y el Senado, cambios celebrados por el Gobierno y muy criticados por la derecha y la extrema derecha.
El Consejo Constitucional reprobó el acceso diferenciado a las prestaciones sociales por los extranjeros, la recuperación del desaparecido delito de “estancia irregular”, la imposición de cuotas de inmigración, los obstáculos a la reunificación familiar y el establecimiento de un fondo como requisito para aceptar los estudios de jóvenes foráneos en universidades francesas.
De igual manera, revirtió las restricciones del derecho de suelo (a la nacionalidad para los hijos de extranjeros que nacen en Francia) y retomó elementos inicialmente promovidos por el Ejecutivo para la integración de trabajadores indocumentados que laboran en puestos con déficit de mano de obra.
La ley de inmigración fue adoptada por el Parlamento sobre la base de un texto de consenso, acordado en una comisión mixta de senadores y diputados por el oficialismo y los conservadores, quienes negociaron en ventaja y consiguieron que prevaleciera la norma aprobada en la cámara alta, la cual controlan.
El Gobierno asumió entonces que la iniciativa no era del todo de su agrado y apeló al Consejo Constitucional con la esperanza de que invalidara o retocara varios artículos, lo cual en definitiva sucedió.
Desde la derecha tradicional (partido conservador Los Republicanos) y la extrema derecha (Agrupación Nacional) fustigaron al Consejo, acusándolo de dar un “golpe de derecho o de fuerza” y de ir en contra de lo que supuestamente es bueno para Francia: la mano dura ante la inmigración.
La víspera, el presidente del Consejo Constitucional, Laurent Fabius, tildó en la televisión pública de muy preocupante el cuestionamiento a la institución que dirige.
En ese sentido, precisó que el dictamen emitido fue puramente jurídico.
Desde la izquierda, amplios sectores mantuvieron sus cuestionamientos a la ley e instaron a Macron a no promulgarla.
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