Nestlé, Perrier, Contrex y otras grandes marcas presentes en el mercado francés estarían envueltas en un escándalo comercial, que comenzó hace años, y que si bien en un principio no parece que esté en juego la salud de los consumidores, sí constituye una inmensa estafa que incluso podría salpicar al gobierno por no haber informado a la justicia de estas práctica ilegales.
La investigación publicada constató que el tratamiento mediante métodos prohibidos de agua destinada a la venta se desveló en diciembre de 2020, tras una denuncia de fraude en el seno del grupo Sources Alma, que produce una treintena de aguas embotelladas en Francia.
La propia empresa constató tratamientos que no respetaban la normativa, como inyectar sulfato de hierro y de CO2 industrial, microfiltrar por debajo de los umbrales autorizados, y también mezclar aguas denominadas “minerales” o “de manantial”, que prácticamente no admiten ningún tipo de manipulación, con agua del grifo.
La evolución de la denuncia sacó al descubierto que estas irregularidades eran comunes en una buena parte de los fabricantes, entre ellos Nestlé Waters, división del agua embotellada de la multinacional suiza, pero también marcas como Perrier, Vittel, Contrex, entre otras, lo que podría suponer hasta el 30 por ciento de las designaciones comerciales.
En 2021 tuvo lugar una reunión confidencial en el Ministerio de Finanzas con la entonces ministra de Industria, Agnès Pannier-Runacher, donde Nestlé admitió sus prácticas ilegales, solicitó la posibilidad de seguir usándolas e incluso pidió valorar un cambio de la normativa en su favor.
Representantes de la multinacional explicaron que sin estos tratamientos ya no les sería posible seguir operando sus fábricas de agua mineral, porque las fuentes de agua utilizadas por el grupo Nestlé están periódicamente contaminadas.
Un año después, las conclusiones de la denuncia se presentaron al ejecutivo, subrayando que un tercio de las marcas incumplían la normativa, aunque la cifra real sería “muy probablemente superior”, y en relación a Nestlé se mencionaron “desviaciones graves” de la ley y el uso de aparatos destinados a engañar a las agencias regionales de salud, responsables del control sanitario.
Además, y según el informe publicado hoy, el gobierno celebró una reunión interministerial en febrero de 2023, donde se aceptaron los planes de «acción» y de «transformación» para las fábricas de envasado de agua de Nestlé, autorizándola “mediante modificación de decretos prefecturales, la práctica de microfiltración inferior a 0,8 micras”, algo ilícito hasta el momento.
Lo llamativo de esta situación es que a pesar de ser un delito según la legislación francesa y vulnerar la Directiva 2009/54/CE de la Unión Europea, el gobierno decidió no informar a los tribunales ni a las autoridades comunitarias de lo que estaba ocurriendo con el agua embotellada en el país.
Le Monde y Radio France señalaron que una buena parte de la documentación citada en su informe se encuentra en manos del fiscal de Cusset, Éric Neveu, y según declaró a estos medios “podría abrirse una investigación judicial por varios delitos relacionados con actos de fraude”, sin que hasta el momento exista ninguna otra iniciativa por parte de la justicia francesa.
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