La sentencia ratificó la pena impuesta en primera instancia de un año de prisión, pero redimiendo seis meses y ordenando “el principio de adaptación de la parte firme de la pena”, lo que significa que el condenado no irá a prisión y será el juez de ejecución de pena quien deberá pronunciarse en un plazo de 30 días.
En 2021, el tribunal penal de París declaró culpable al exjefe de Estado por financiación ilegal en su carrera electoral por reeditar el cargo, que finalmente perdió, y lo condenó a un año de prisión, si bien la sentencia consideró que el cumplimiento de la pena podría realizarse mediante arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica.
El expresidente de la República siempre negó haber conocido o solicitado un sistema de facturas falsas, o haberse beneficiado del mismo, cuestionando enérgicamente “cualquier responsabilidad penal” y denunciando «fábulas» y «mentiras».
Su abogado, Vincent Desry, pidió su liberación, asegurando que Sarkozy “nunca tuvo conocimiento de un exceso” del límite legal de los gastos electorales y «nunca incurrió en ningún gasto».
Las investigaciones revelaron que para ocultar la explosión de los gastos de su campaña, cerca de 43 millones de euros sobre un máximo autorizado de 22,5 millones, el partido de Sarkozy (UMP) puso en marcha un sistema de doble facturación, amparando en convenios ficticios gran parte del coste de los mítines electorales.
Otras trece personas también fueron condenadas a penas de hasta tres años y medio de prisión y cinco años de inelegibilidad, entre ellos los directores de campaña, el secretario general de la UMP, Eric Cesari, los directores financieros del partido y otros cargos del mismo.
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