El tribunal consideró que la investigación no se encuentra agotada al existir diligencias precisas que podrían aportar al esclarecimiento de los hechos.
Para la abogada de la familia, Elizabeth Flores, la decisión constituye una buena noticia para la verdad y el respeto a los derechos humanos, que han sido y continúan siendo violentados permanentemente en el mundo.
“No era posible poner una lápida a la investigación que hemos llevado durante 13 años», dijo Flores.
El poeta y militante comunista falleció en la clínica de Santa María, de esta capital, el 23 de septiembre de 1973, pocos días después del cuartelazo perpetrado por Augusto Pinochet contra el gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende.
Aunque la versión oficial de la dictadura (1973-1990) atribuye el deceso del vate al cáncer de próstata que padecía, en 2012 se inició una pesquisa luego de las declaraciones de su chofer y ayudante, Manuel Araya, sobre un posible envenenamiento.
Desde entonces tres grupos de expertos internacionales analizaron el caso y el segundo de ellos reveló la presencia en los restos y en un molar del poeta de la bacteria clostridium botulinum, en una concentración incompatible con la vida.
El 25 de septiembre pasado, la jueza a cargo del caso, Paola Plaza, cerró la investigación, pero tanto su familia como el Partido Comunista de Chile (PCCh), en el que Neruda militó desde joven, apelaron la decisión.
Ahora la Corte de Apelaciones de Santiago decidió reabrir el proceso con el objetivo de practicar las diligencias solicitadas por los querellantes: los sobrinos de la víctima y el PCCh.
Entre ellas destacan la realización de un nuevo peritaje caligráfico respecto del certificado de defunción y revisar e interpretar los resultados de las pericias realizadas por los expertos de las Universidades de McMaster y Copenhague.
Asimismo, se citará a prestar declaración judicial al director del proyecto de Documentación de Chile, Peter Kornbluh, y al médico Eduardo Arriagada Rehren, exjefe de Sanidad del Ejército, quien fue condenado en 2017 a 20 años de presidio por el homicidio calificado de dos reos en 1981.
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