El Consejo de la Administración de la localidad de la provincia de Pinar del Río dio respuesta de esa forma a una convocatoria contrarrevolucionaria prevista para el próximo 20 de noviembre, cuyo esquema se concibió simultáneo para otros territorios de la isla mayor de las Antillas.
La misiva, publicada en el portal web del Gobierno de esa demarcación, señaló que ‘no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha’, cuyos organizadores guardan relación con instituciones subversivas y agencias financiadas por Estados Unidos, con la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político.
El mensaje remarca que, de forma inmediata a su anuncio, la marcha recibió el apoyo público de legisladores norteamericanos, operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar.
El documento suscribe que el artículo 56 de la actual Constitución de la República dispone entre los requisitos para el ejercicio del derecho a la manifestación la licitud y el ‘respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley’.
De igual forma, apunta al artículo 45 de la carta magna cubana, el cual refiere que el ‘ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes’.
La propia legislación define en su artículo cuatro que el sistema socialista es irrevocable, ‘por lo cual toda acción ejercida en su contra es ilícita’, enfatiza el comunicado.
La carta magna vigente fue debatida ampliamente y aceptada en referendo por el 86,85 por ciento de los votantes, mayoría que escogió de manera soberana y libre el sistema socialista.
‘De esa forma los electores aprobaron su irrevocabilidad y el derecho de combatir por todos los medios a cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido’, subraya el texto.
La misiva menciona además que, si bien la realización de ese acto invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás postulados y garantías esenciales de la propia carta magna, lo que determina el carácter ilícito de la marcha.
Similares respuestas fueron publicadas por los Gobiernos de los municipios de La Habana Vieja (en el occidente), Cienfuegos, Santa Clara, Nuevitas (todos en la región central del país), Guantánamo y Holguín (oriente).
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