La víspera, los gobiernos de varias demarcaciones, como La Habana Vieja, Consolación del Sur (ambas en el occidente del país), Cienfuegos, Santa Clara, Nuevitas (centro), Holguín y Guantánamo (oriente) rechazaron la actividad propuesta inicialmente para el 20 de noviembre y denegaron su realización.
Las cartas, publicadas en los portales web de esas instancias, coincidieron en considerar a la convocatoria como una provocación de carácter ilegítimo y de doble moral.
La secretaria del Consejo de Administración en Guantánamo, Laritza Blancart, cuestionó a los reclamantes que quisieran ‘tomar la Constitución de la República como pedestal para hacer el rejuego a los intereses anexionistas, pro imperialistas y de cambio de régimen’.
Señaló que ‘no se reconoce legitimidad en las razones para la marcha’, y reiteró que organizadores de la iniciativa guardan relación con instituciones y agencias financiadas por Estados Unidos, con la intención manifiesta de modificar el sistema político de la isla.
El mensaje de las autoridades remarca que, de forma inmediata a su anuncio, la convocatoria recibió el apoyo público de legisladores norteamericanos, operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar.
El documento recuerda que el artículo 56 de la actual Constitución dispone entre los requisitos para el ejercicio del derecho a la manifestación, la licitud y el ‘respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley’.
De igual forma, apunta al artículo 45 de la carta magna, el cual refiere que el ‘ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes’.
La legislación define que el sistema socialista es irrevocable, ‘por lo cual toda acción ejercida en su contra es ilícita’, enfatiza el comunicado.
La carta magna vigente fue debatida ampliamente y aceptada en referendo por el 86,85 por ciento de los votantes, mayoría que escogió de manera soberana y libre el sistema socialista.
‘De esa forma los electores aprobaron su irrevocabilidad y el derecho de combatir por todos los medios a cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido’, subraya el texto.
La misiva menciona además que, si bien la realización de ese acto invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás postulados de la Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha.
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