La legalidad del pase sanitario (certificado de vacunación o pruebas de Covid-19 con 48 horas de vigencia) estaba previsto que concluyera el 15 de noviembre, sin embargo el ejecutivo francés consideró que no se dan las circunstancias para retirarlo, a pesar de que la epidemia se encuentra estabilizada en el país.
La prolongación de la ley permitirá también limitar localmente los movimientos de personas o cerrar determinados establecimientos en caso de una fuerte recuperación epidémica, al tiempo que incrementa las sanciones penas por fraude con el pase sanitario, hasta cinco años de prisión y multas de 75 mil euros.
El texto de la norma tuvo que ser adaptado a las consideraciones hechas por el Consejo de Estado, en el que se demandaba al gobierno la presentación de un informe al Parlamento, en el que se especifique una actualización de las medidas tomadas y ‘las razones para mantener algunas de ellas, si las hay’.
Este trabajo deberá tener lugar al menos tres meses después de la publicación de la ley, y ‘a más tardar el 28 de febrero de 2022’, fecha de finalización de las sesiones parlamentarias debido a las elecciones presidenciales previstas para el mes de abril.
Según explicó el ministro de Sanidad, Olivier Véran, ‘lo que pedimos al Parlamento es que nos dé la posibilidad de activar todas o parte de las medidas de frenado hasta el verano, si la situación sanitaria lo requiere’, añadiendo que cuando disminuya la tasa de contagios ‘será posible suavizar ciertas restricciones sanitarias’, dijo.
A su vez el presidente del Senado, Gérard Larcher, declaró en Franceinfo que ‘no se trata de dar un cheque en blanco hasta el 31 de julio de 2022, (sino que) debe estar bajo el control del Parlamento’ la prolongación del estado de emergencia.
En la misma línea se expresaron los diputados Jean Christophe Lagarde (centrista) y Sébastien Jumel (comunista), quienes anunciaron su oposición a una prórroga que no fue debatida previamente en el Parlamento.
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