A decir del presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio, el cuerpo legal atempera el funcionamiento de los tribunales a la realidad económico social de la nación caribeña.
Los pone en mejores condiciones para impartir justicia y tramitar procesos judiciales con transparencia y respeto a las partes, agregó.
La legislación que debe entrar en vigor el 1 de enero del próximo año es fruto de la elaboración colectiva, plural y enriquecida, significó Remigio, quien se refirió a los más de 100 criterios recibidos mediante consultas a operadores del derecho, expertos, los diputados y la participación de la ciudadanía por distintas vías.
Su redacción tomó en cuenta 31 tratados internacionales relacionados con el ejercicio de los tribunales de justicia, como la declaración universal de los derechos humanos y los referidos al tratamiento de la corrupción, entre otros. Asimismo, atendió las recomendaciones realizadas en investigaciones científicas y tesis académicas.
Entre los principales elementos de la nueva ley, Remigio destacó que ratifica el objetivo de los tribunales de salvaguardar el orden constitucional y reafirmar el carácter imparcial de esas instituciones y los jueces. La normativa actualiza los principios y garantías de la función judicial, en cuanto al debido proceso y la tutela efectiva, entre otros asuntos, y propiciar que los conflictos se resuelvan en primera instancia, explicó.
Añadió que se regulan de forma explícita y transparente los procedimientos para la elección y tránsito de los jueces profesionales, además de abordar los aspectos relacionados con la participación de los jueces legos en los actos de justicia.
El diputado José Luis Toledo, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, al leer el dictamen de ese grupo de trabajo subrayó la posibilidad que da la nueva legislación de dar más acceso a los tribunales.
Recomendó trabajar con agilidad para aplicar lo previsto, por lo que se impone capacitar a todos los operadores del derecho, así como llevar al Parlamento, en dos años, un informe del estado de cumplimiento de la normativa.
La Ley de Tribunales de Justicia remplaza a la de Tribunales Populares, de 1997.
En general, las cuatro leyes que considerará la Asamblea tienen gran relevancia, en tanto desarrollan aspectos esenciales de la Constitución en materia de derechos y garantías.
Estos cuerpos legales muestran un notable avance en el perfeccionamiento de la protección a los derechos humanos, y forman parte de la tradición de la Revolución cubana de proteger la seguridad jurídica del pueblo, precisó el dictamen.
acl/kmg
