La legislación reemplazará a la actual Ley de Procedimiento Penal con más de 40 años en vigor, y para su elaboración se tuvo en cuenta el saber de jueces, magistrados, académicos, fiscales, abogados y especialistas de diversas instituciones.
El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, presentó la iniciativa que, dijo, también toma las mejores experiencias y normativas internacionales, así como más de un centenar de tesis doctorales y de maestría realizadas en Cuba y el exterior.
La Ley del Proceso Penal desarrolla en su articulado varios sobre derechos y garantías de las personas, contemplados en varios artículos de la Constitución aprobada en 2019.
Según Remigio, la legislación regula con mayor precisión el carácter de la medida cautelar de privación preventiva de libertad.
También el derecho de los acusados de contar de asistencia letrada desde el inicio del proceso.
Refrenda la presunción de inocencia hasta tanto exista sentencia condenatoria firme y la instituye a favor del acusado ante la falta de pruebas suficientes en su contra.
La ley consigna el derecho a la no autoincriminación, a la información sobre la imputación y el juzgamiento por tribunal preestablecido legalmente y mediante leyes penales previas.
Instituye el derecho del imputado o acusado a comunicarse con inmediatez y recibir visitas de familiares o allegados si permanece detenido.
La norma distingue derechos a las víctimas, incluido su acceso a la justicia penal, protección y reparación de daños, según reconoció el dictamen presentado por el diputado José Castañeda.
Por su parte el presidente de la Comisión Constitucional y Jurídica de la ANPP, José Luis Toledo, calificó la normativa como ‘buena ley’ y aseguró su cumplimiento y función ‘humanista’.
Otras nuevas legislaciones complementan una reforma del sistema judicial, incluida la Ley de Tribunales de Justicia, aprobada hoy, y sobre Código de Proceso, y de Proceso Administrativo, que también discutirán los diputados cubanos. Leg/ool
