El decreto ley -que aprobó recientemente el Consejo de Estado- concede igualdad de garantías a gestantes pertenecientes al sector estatal y no estatal, una decisión basada en el complejo entramado demográfico del país y también en determinantes de índole social y económica.
Y es que la nación caribeña no solo avanza en los últimos tiempos en la adopción de medidas para ubicar en similares condiciones a todos los actores de la economía si no que, con una mirada a todas luces integral, ahora también exige a los empleadores no distinguir entre ellos para hacer valer los derechos de las y los trabajadores con infantes.
Antecedente del nuevo Decreto-ley de la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias constituye la primera ley sobre el tema aprobada en 1974, que introdujo la licencia retribuida de 18 semanas pre y posnatal y el receso obligatorio a las 34 semanas de gestación, un anhelo hoy para muchas mujeres en la región y el mundo.
También lo son otras medidas más recientes y revolucionarias, con ventajas para las madres de todos los sectores, pero cuya dispersión impuso la necesidad de aglutinar en una sola norma estos derechos, como trascendió la víspera en declaraciones a la televisión nacional de Yudelvis Álvarez, directora jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Influyen también en la determinación del país el elevado envejecimiento y las bajas tasas de natalidad, fenómenos no exclusivos de Cuba, si se tiene en cuenta el informe Perspectivas de la población mundial (2019), de la Organización de las Naciones Unidas.
El documento reconoce que para 2050 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 60 años, y la tasa global de fecundidad para esa fecha disminuirá a 2,2 nacimientos por mujer, casi el rango mínimo para garantizar el reemplazamiento de las generaciones (2,1).
En la nación antillana las cifras también encienden las alarmas, pues el incremento de personas mayores alcanza el 21,7 por ciento de la población, mientras de 2020 a 2019 hubo 4 mil 668 nacimientos menos.
Como en cada lugar y región las causas de la problemática aquí son diversas, y pueden encontrarse tanto en el logro de una participación activa de la mujer en todos los sectores de la sociedad, así como en el elemento económico, según explicó Marlén García, directora del Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass).
De ahí que decisiones recientes del Gobierno apunten a favorecer a las mujeres con tres hijos o más con una vivienda digna, o a las acciones dirigidas a ellas también como parte de la transformación en barrios vulnerables de la isla caribeña.
La nueva legislación vuelve sobre estos temas, incluso bajo el entendido de continuar la búsqueda de su perfeccionamiento, con las modificaciones que sean necesarias cuando quede aprobado en Cuba el Código de las Familias tras consulta popular y referendo.
Como elementos novedosos del decreto-ley aprobado están la obtención de licencias acompañadas de ingresos para atender hijos enfermos, y la ayuda a abuelos encargados de menores cuyas madres aún estudian, esta última medida dirigida a garantizar la continuación de los estudios de la progenitora y su futura incorporación a la vida laboral.
También la norma regulará un tratamiento diferenciado cuando el menor requiera de atenciones especiales y considerará el pago del 100 % del salario de la gestante durante el certificado médico.
El decreto-ley mantiene aspectos de la regulación anterior, entre ellos la atención médica durante el embarazo, el descanso pre y posnatal, los beneficios monetarios, la responsabilidad de ambos padres en el cuidado de sus infantes y la garantía de una hora para la lactancia materna dentro de la jornada laboral.
Son estos esfuerzos que acompañan los propósitos del reconocido programa gubernamental para el Adelanto de la Mujer, y también la evidencia más concreta de la intención por fortalecer el empoderamiento femenino en la isla caribeña.
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