La décima edición de este encuentro, encabezada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, revisó las políticas públicas de atención a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad en ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
El organismo de consulta lo integran comisiones de educación, familia, accesibilidad a la comunicación y la información, derechos humanos, salud, cultura, deporte y trabajo, entre otras.
En un comunicado, Conadis aseveró que posiciona al ser humano como el centro y sujeto de toda acción para su empoderamiento y vida independiente, lo que se contradice con las demandas de sectores populares.
Antes de marchar por la céntrica Calle 50 de Ciudad de Panamá, Fausto Pérez, dirigente de personas con limitaciones físico-motoras, opinó que uno de los derechos vulnerados es el de ser sujetos de préstamos, pero los bancos se lo niegan.
Por su parte, José Luis Mercado dijo al canal televisivo TVN que los cajeros de los bancos carecen de un sistema de audio para que ellos puedan retirar su dinero y evitar ser víctimas de robos.
Otros derechos que reclaman estos ciudadanos es el acceso a viviendas dignas, a una educación de calidad, a mayor cantidad de empleos e igualdad salarial.
Según reflejó el diario El Siglo, César Rivera, contador público autorizado, a quien un accidente de tránsito le cambió la vida, recordó que la ley modificada en 2016 sobre este asunto se vulnera con frecuencia sobre todo en centros de trabajo y servicios de salud.
“Si yo quiero aplicar a partir de mi preparación académica para una plaza, no me van a contratar por el simple hecho de tener una discapacidad, a menos que sea a través de un contacto”, cuestionó.
También comentó que el acceso a la justicia es restringido, y ni hablar en el área de políticas, donde no son tomados en cuenta.
A su juicio, el subdirector de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), Miguel Atencio, indicó que sí se han dado avances en este tema como normativas que antes no existían como el incremento de estacionamiento en centros comerciales, el acceso a la tecnología o rampas para personas con discapacidad.
«Poco a poco estamos avanzado, aunque no con la celeridad que se quisiéramos», reconoció.
Con una población de 4,2 millones de habitantes, cifras oficiales dan cuenta de que en Panamá viven unas 400 mil personas con discapacidad, y de ellas solo 172 han sido insertadas en empresas.
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