El arresto del presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR), que integran aquellos ejecutivos municipales electos bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP), de gobierno, dejó boquiabierto al país.
Además de Pérez Otero, los agentes del FBI arrestaron temprano en su residencia al vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, por el esquema que provocó la semana pasada la caída de Félix Delgado Montalvo, alcalde de Cataño, municipio en el lado sur de la bahía del Viejo San Juan.
Según el fiscal federal de Estados Unidos en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, el líder de los alcaldes del PNP, que preside el gobernador Pedro R. Pierluisi, recibió sobornos desde finales de 2019 hasta mayo de 2021.
“La conducta criminal del alcalde se traduce en que estuvo involucrado en una conspiración de soborno desde fines de 2019 hasta mayo de 2021, por lo que recibió pagos en efectivo mensuales de cinco mil dólares en repetidas ocasiones por parte del individuo A”, dijo Muldrow en rueda de prensa.
Pérez Otero, quien hizo alegato de “no culpable”, se expone a cinco años por el cargo de conspiración, diez años por el de soborno y 20 años por el de extorsión.
El objetivo era favorecer con multimillonarios contratos a las empresas de recogido de basura, otra asfalto y una de construcción de Oscar Santamaría y Raymond Rodríguez Santos, socio de Mario Villegas Vargas, detenido el pasado 2 de diciembre.
Respecto al arresto en su hogar de Benítez Cardona, ayudante especial del alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, respondió a que desde 2009 “se enriqueció aceptando sobornos y comisiones ilícitas de dos personas a cambio de otorgar contratos municipales a una empresa de desperdicios sólidos.
El vicealcalde negoció el pago a nombre de un soborno de 75 centavos por cada casa en la que se recogía basura, de acuerdo al contrato, lo que ascendía a más de 17 mil dólares por 23 mil casas.
Además, obtuvo un pago adelantado de 200 mil dólares para asegurar que la compañía recibiera el contrato de recogido de desperdicios.
El jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González, advirtió que “esto es solo el comienzo”, debido a que “el trabajo no ha terminado”.
Al dejar al alcalde Pérez Otero en libertad con una fianza de 10 mil dólares, el magistrado Bruce McGiverin, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, programó la audiencia formal de acusación para el próximo 23 de diciembre.
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