La nación caribeña mantiene en vigor un decreto ley que regula los aspectos relacionados con estos ámbitos y data de 1978, pero la nueva Constitución y los cambios en la realidad socioeconómica del país determinaron su actualización y elevación en rango jurídico.
Así lo explicó Diana Rosa Suárez, directora jurídica del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, al presentar a los parlamentarios la normativa, que ha transitado por varios momentos de debate tanto por los legisladores como por organismos, instituciones y universidades vinculados a estos temas.
Suárez precisó que fueron recogidos 271 criterios, de ellos 236 propuestas, y en el proyecto que tomará en consideración la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) para su aprobación, el próximo martes, se incluyó el 58 por ciento de esas ideas.
La población también aportó opiniones para el perfeccionamiento del cuerpo legal, a través de la página web de la Asamblea, el correo electrónico habilitado y otras vías.
La propuesta de ley actualiza el marco jurídico de manera que articule y coordine las diferentes competencias que inciden sobre el territorio, y regule de forma adecuada las exigencias del planeamiento, la gestión, el control y la disciplina territorial y urbana.
En este sentido, establece los instrumentos para ello, su contenido, ámbito, alcance, niveles de aprobación y gestión; así como los instrumentos para el manejo del suelo, que permitan su uso racional y sostenible.
Además, define las responsabilidades de los órganos locales del Poder Popular, los actores que intervienen en estos procesos, el régimen urbanístico del suelo, entre otros asuntos.
De acuerdo con la explicación de Suárez, se orienta a procurar la efectividad de los derechos constitucionales, en particular los referidos al disfrute de los bienes de propiedad personal relacionados con el suelo, a un medio ambiente sano y equilibrado, a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada.
La normativa igualmente promueve la protección y el uso racional de los recursos naturales del país, la preservación del patrimonio cultural y natural, todo ello en estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad, mediante políticas públicas y disposiciones.
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