Las agrupaciones Justicia Social, Panamá Decide y Firmo por Panamá se trazaron la meta de reunir en general poco más de 580 mil rúbricas o, lo que es igual, el 20 por ciento del padrón electoral, para impulsar una nueva Carta Magna, pero apenas recolectaron el tres por ciento.
El objetivo de ese movimiento cívico, que comenzó Rómulo Roux, del partido Cambio Democrático, era establecer un acuerdo social unitario que abogaba por la separación de los tres poderes del Estado, entre otros objetivos.
Otros activistas señalaron como causas del fracaso los altos costos y un complejo mecanismo electoral que impera en Panamá, los cuales obstaculizaron la idea de convocar a una Constituyente paralela, derecho que en su desarrollo también encontró incomprensiones y una ineficiente comunicación.
Estadísticas del Tribunal Electoral refieren que en su conjunto los tres movimientos cívicos recolectaron hasta la fecha 17 mil 32 rúbricas, una cifra que está por cerrar debido a que Firmo por Panamá tiene hasta el miércoles de la próxima semana para elevar o no las 11 mil 707 reunidas.
Panamá Decide concluyó el 15 de este mes y logró recolectar cinco mil cinco firmas, mientras Justicia Social- concluyó el proceso el 3 de noviembre- apenas 320.
La idea de crear una nueva ley de leyes data de varios años y era solo solo defendida por sectores de izquierda y algunos grupos nacionalistas.
Analistas consideran que la opción podría haber sido convocada por el Ejecutivo o por la propia Asamblea Nacional (parlamento), pero no existió voluntad de hacerlo.
En Panamá, la legislación vigente permite que, si un ciudadano u organización presenta la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente con un respaldo de firmas, el Tribunal Electoral le otorga el aval para que, en un tiempo determinado, recabe el respaldo de 550 mil personas para autorizar el llamamiento.
La nueva asamblea estaría constituida por 60 ciudadanos elegidos por cuotas proporcionales al padrón de cada provincia y comarca, y los diputados constituyentes pueden o no militar en alguna agrupación política o de la sociedad civil, pero se representan a sí mismos.
Analistas locales recordaron que hace años sectores populares y el partido de izquierda Frente Amplio por la Democracia apoyaron convocar a una constituyente originaria, con poderes para superar la crisis, «barrer la podredumbre moral de las instituciones y fundar una nueva República de bienestar y progreso para todos».
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