Integrantes del pueblo zapoteca del distrito de Tlacolula, las modelos portaron las prendas de la nueva temporada la entidad europea y bailaron ante el público, un hecho que indignó a usuarios de redes sociales.
En efecto, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, condenó lo sucedido como un acto que lesiona la dignidad de los pueblos indígenas y el patrimonio cultural, mientras el colectivo Lienzos Extraordinarios reprochó esta apropiación indebida de tradiciones y sus representantes.
“Basta. Las culturas originarias no son un zoológico, ni una bodega de accesorios ni un catálogo de diseños. No estamos al servicio de las marcas internacionales”, apuntó en la red social Instagram el grupo dedicado a divulgar la indumentaria tradicional mexicana.
Por su parte, la marca de ropa francesa canceló su campaña de lanzamiento sin aclarar su posición al respecto, en tanto el instituto de la nación azteca puso en marcha una investigación para esclarecer los hechos con todas las partes implicadas.
Detrás de justificaciones como el tributo a la identidad ancestral o el desconocimiento, cientos de prendas se exhiben en las vitrinas de las boutiques de alta costura, contexto agravado por la carencia de un marco legal contra la apropiación indebida de elementos tradicionales.
Situaciones como estas no son nuevas en la relación entre las culturas originarias y las empresas de moda, pues en las últimas décadas una veintena de marcas y diseñadores de más prestigiosos del mundo se han enfrentado a acusaciones de plagio por apropiarse de los atractivos textiles de pueblos indígenas.
Entre esas entidades resalta de manera reincidente el sello español Zara, con media docena de denuncias en su contra en la última década, así como otras compañías reconocidas como Carolina Herrera, Louis Vuitton, Mango y Michael Kors.
Ante ello, existen nuevas garantías para el sector con la aprobación de la ley general de salvaguardia de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas, la cual reconoce la labor de quienes por generaciones han conservado el patrimonio de México.
El nuevo marco jurídico contempla entre sus bases la titularidad de los derechos colectivos, la creación de un sistema nacional de protección, un registro de dichos elementos, así como un grupo de sanciones que estipulan penas de hasta 10 años de cárcel o multas.
Si bien es cierto que el fenómeno parece en ascenso en fechas recientes, las imputaciones y los movimientos defensores al patrimonio lograron arremeter con fuerza contra varias compañías, algunas de las cuales retiraron sus colecciones del mercado y manifestaron disculpas públicas.
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