En julio, Twitter fue condenada en primera instancia al pago de mil 500 euros por daños y perjuicios a seis asociaciones, entre ellas SOS Racismo, la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo y SOS Homofobia, y a que revelara qué medios y procesos utilizaba para impedir mensajes constitutivos de delito.
En concreto se le exigió “todo documento administrativo, contractual, técnico o comercial relativo a los medios materiales y humanos utilizados” para “luchar contra la difusión de delitos de apología de los crímenes contra la humanidad, la incitación al odio racial y el odio hacia las personas por razón de su sexo”.
Igualmente debía detallar “el número, la ubicación, la nacionalidad y el idioma de las personas asignadas para procesar las alertas de los usuarios de la plataforma francesa”, así como “el número de alertas”, “los criterios y el número de retiradas posteriores” y “el número de informaciones transmitidas a las autoridades públicas competentes, en particular a la fiscalía”.
El recurso presentado por la empresa contra esta sentencia fue desestimado hoy por el Tribunal de Apelación, ordenando a Twitter que cumpla con los requerimientos exigidos en su momento.
Por su parte las asociaciones demandantes recordaron que esta red social se caracteriza desde hace tiempo y de forma reiterada por el incumplimiento de sus obligaciones de moderación.
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