En declaraciones a Prensa Latina, investigadoras del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (Cehseu) subrayaron que el actual presidente Joe Biden (demócrata) incumplió sus promesas de campaña y continuó con la misma tendencia coercitiva de su predecesor republicano.
“En el último año Biden ha firmado siete nuevas medidas contra la isla, entre ellas se encuentran cuatro modificaciones para adicionar personas y un buque a las denominadas listas negras, que les impiden realizar cualquier tipo de operación comercial”, comentó Seida Barrera.
Según la doctora en ciencias jurídicas, este método de sanciones “a cuenta gotas” fue utilizado por Donald Trump (2016-2020) con más asiduidad que cualquier otro mandatario en los últimos 26 años, dando una imagen de mano dura, cuyo alcance real es menor.
Por su parte, la investigadora Melina Johanna Iturriaga señaló que Biden prorrogó la emergencia nacional contra Cuba, el ejercicio de ciertas autoridades bajo la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 e incluyó como sanción novedosa la creación de una Lista Especial de Observación para un país en el cual “hay severas violaciones a la libertad religiosa”, todo esto sin pruebas.
“Existen además varias sanciones que ya han sido anunciadas en la prensa, como la destinada a la plataforma de alojamientos Airbnb, pero que aún no han salido promulgadas oficialmente en el Registro Federal estadounidense”, refirió.
De acuerdo con ambas especialistas, las medidas del actual inquilino de la Casa Blanca se sumaron al complejo de acciones coercitivas, aún en vigor, de la administración Trump, el presidente que más ha aplicado este tipo de asedio contra la nación caribeña desde 1996.
Investigaciones históricas muestran que la orden ejecutiva 3447 de Estados Unidos ocurrió tras la expulsión de la isla de la Organización de Estados Americanos y durante la Operación Mangosta.
El entonces presidente John F. Kennedy formalizó con su firma una medida que, en los hechos, regía al menos desde el 4 de septiembre de 1961, cuando el Congreso autorizó el cese de todo comercio con la isla.
El acto agudizó la política hostil del gobierno norteño contra la Revolución triunfante en 1959, que ya había enfrentado la coerción económica y la ruptura por parte de Washington de las relaciones diplomáticas el 3 de enero de 1961.
En ese contexto, otras acciones aprobadas por la Casa Blanca fueron la invasión de Playa Girón (abril, 1961) que terminó en derrota y la puesta en marcha de la denominada Operación Mangosta (noviembre, 1961), programa subversivo con más de cinco mil acciones de sabotaje y actos terroristas contra la isla en los meses siguientes.
Exactamente un día después de la firma de la proclama 3447, alrededor de un millón de cubanos aprobaron con vítores y aplausos la Segunda Declaración de La Habana, leída por el líder histórico Fidel Castro y en la cual se denuncia el carácter injerencista del imperialismo norteamericano.
Barrera enfatizó a Prensa Latina que actualmente el núcleo del bloqueo lo conforman varias leyes, como las Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996), que solo el Congreso estadounidense puede eliminar.
En estas legislaciones se evidencia además el carácter extraterritorial de un mecanismo que sanciona a terceros países o compañías que comercializan con la nación caribeña.
Desde 1992 las Naciones Unidas votaron por el fin de esa política, e incluso representantes de diferentes sectores de Estados Unidos pidieron el cese de estas acciones coercitivas.
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