La fecha tope para la inmunización será el 15 de marzo de lo contario los contraventores se expondrán a perder su empleo.
El debate sobre el tema subió de tono días atrás tras la negativa de algunos estados federados a aplicarla de forma inmediata.
En tanto analistas consideran que la normativa es el antecedente de los planes del Gobierno que encabeza el canciller federal Olaf Scholz para imponer la vacunación obligatoria en toda la población.
El ente judicial anunció además que examinará “los numerosos recursos de inconstitucionalidad contra la ley en un proceso más largo y exhaustivo”.
Dichas denuncias las presentaron empleados no vacunados y directores de centros que insisten en emplear a personal no inmunizado, según el gobierno.
La normativa rige para los empleados de residencias de ancianos y hospitales, pero también para quienes trabajan en consultas médicas y servicios ambulatorios, fisioterapeutas, masajistas y otros miembros del personal de salud.
Para las personas que no pueden ser inmunizadas por razones médicas existe una excepción, pero los nuevos empleados necesitarán mostrar una prueba de vacunación a partir del 16 de marzo.
Desde mediados de diciembre, cuando ambas cámaras del Parlamento aprobaron ese proceder, se desencadenó en el país una ola de demandas ante el Tribunal Constitucional.
Hasta el 3 de este mes se contabilizaron 74 recursos de inconstitucionalidad de unos 300 demandantes, en tanto los legisladores elaboran propuestas para una ley de vacunación general, según la prensa nacional.
Diputados de los tres partidos del gobierno (socialdemócratas, verdes y liberales) presentaron un proyecto de ley que prevé la inmunización obligatoria para todos los ciudadanos mayores de 18 años, y que entraría en vigor el 1 de octubre.
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