Seis meses después de la aprobación de nuevas normativas para su surgimiento y funcionamiento, garantizar que sus intereses conecten con las necesidades sociales de este país se perfila como una necesidad prioritaria, consideró la economista Silvia Odriozola.
En entrevista exclusiva con Prensa Latina, la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana identificó entre las ventajas potenciales de estas formas de gestión su capacidad para encadenarse con el sector estatal y generar flujos más dinámicos en la producción de bienes y servicios.
No se trata de sustituir, el Estado seguirá siendo el principal proveedor en sectores estratégicos, pero estos actores adicionales pueden ampliar la oferta o asumir etapas específicas del proceso productivo como la transportación, dijo.
Además, abren oportunidades de ingresos legítimos para que las personas, sobre todo los jóvenes, encuentren proyectos de vida individuales en este país, crean nuevos empleos y reducen el trabajo informal, que a la larga significa más protección laboral, señaló.
Aunque es pronto para hacer una evaluación integral de su impacto y funcionamiento, la aprobación de más de dos mil nuevos actores económicos –dos mil siete mipymes privadas, 49 estatales y 29 cooperativas- pone sobre la mesa retos ineludibles.
Para la experta, en primer lugar deben funcionar tal cual fueron concebidas, generar empleo de calidad con niveles de remuneración satisfactorios y asegurar la protección laboral de sus empleados, a través de mecanismos regulatorios funcionales.
Desde el Estado, es necesario ampliar las alternativas de adquisición de insumos y garantizar que, si sus importaciones y exportaciones se realizaran a través de instituciones estatales, las designadas como intermediarias sean eficientes y atractivas.
Por otro lado, sería interesante diseñar en la banca o instituciones financieras no bancarias mecanismos de financiamiento como los microcréditos para el surgimiento de nuevos actores, consideró.
Odriozola también advirtió que los elevados impuestos establecidos para las mipymes pueden ser contraproducentes con el diseño pensado.
En su opinión, por esa aspiración de poner a todos los actores en igualdad de condiciones, definieron el mismo porcentaje de las empresas estatales para las nuevas mipymes.
Actualmente, al 10 por ciento sobre la venta de cualquier producto se suma el 35 por ciento sobre las utilidades.
Pero la igualdad de condiciones se alcanza cuando tienes puntos de partida similares. Cuando las escalas productivas son distintas, no se puede esperar que normas iguales impliquen condiciones similares. A la larga generará más diferenciación, insistió la experta.
Si la tasa impositiva sube en exceso, a muchas de esas formas productivas no les dará la cuenta, saldrán del mercado y solo quedarán los más fuertes. Eso sí lleva a una concentración de riquezas, indicó.
Desde su perspectiva, podría aplicarse un esquema progresivo o tasas menores, para ampliar la cantidad de actores con menores proporciones.
Además, señaló que hay que seguir pensando en la descentralización y flexibilidad del sistema tributario: “no en su totalidad, pero que los gobiernos locales puedan pactar excepciones o reducciones de impuestos para favorecer actividades necesarias en cada territorio y promover la responsabilidad social”.
Relacionado con ello, un desafío fundamental implica alinear los intereses de los nuevos actores privados con los de la localidad en que se desarrollan y el país en general, agregó la decana.
Para ello hay que sensibilizar, socializar buenas prácticas y crear capacidades, pero también diseñar instrumentos económicos que generen incentivos para que estos nuevos actores conecten con fines sociales, ambientales, inclusivos, entre otros.
No todos tienen que ser materiales, tributarios, ni implicar mayores niveles de ingreso, algunos países dan sellos de calidad a empresas que brindan determinado servicio o cumplen con objetivos marcados en cada municipio, ejemplificó. Hay dos aristas: brindar beneficios o penalizar por incumplimiento.
Según Odriozola, pueden hacerse muchos arreglos entre privados y gobiernos para que los primeros gestionen necesidades de la localidad o financien programas sociales y reciban facilidades o reconocimientos a cambio.
“Te exijo que contrates personas con limitantes, mujeres con hijos, te rento lugares más baratos, las posibilidades cambiarán en función de cada lugar”, detalló.
Pero para enfrentar estos retos, a esas formas productivas hay que acompañarlas, también desde la academia. El reconocimiento legal no garantiza por sí mismo que alcancen los objetivos diseñados y tributen a objetivos sociales.
Es necesario un análisis integral constante de su funcionamiento y crear todas las condiciones para su desarrollo: un marco regulatorio actualizado, capacidades humanas preparadas, entre otras. “Eso lleva tiempo”, reconoció Odriozola.
Según la especialista, todo esto contribuirá a desmontar los prejuicios construidos durante años entre funcionarios, empresarios estatales y otros actores en torno a las formas privadas.
En última instancia, el mayor desafío es lograr que los nuevos actores no funcionen como hilos independientes y se entretejan con los otros sectores de la economía en función de intereses colectivos del país, acotó.
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