De ahí que los ministerios de Agricultura (Minag) y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) trabajen junto al Instituto de Suelos para implementar la política aprobada el pasado octubre con ese propósito, trascendió en conferencia de prensa.
La normativa busca desarrollar sistemas agrícolas sostenibles que detengan, eviten y reviertan la pérdida de la agroproductividad de los suelos, explicó Dagoberto Rodríguez, director de Suelos y Fertilizantes del Minag.
En función de ello, define las funciones del Sistema Nacional de Suelos, ordena su arrendamiento, norma el uso de fertilizantes y bioproductos y regula el uso controlado del fuego para las áreas agrícolas, entre otras medidas.
Es una legislación compensada, trae contravenciones pero también incentivos. “Los agricultores que realicen un manejo sostenible del suelo podrán recibir pagos por servicios ambientales o acceder a créditos bancarios con tasas mínimas de interés”, detalló Rodríguez.
Además, define la aplicación de instrumentos de conservación en unas 100 mil hectáreas anuales, con la inversión de unos 470 millones de pesos para ello, dijo.
Es herencia de la labor realizada durante años como parte del Programa de conservación y mejoramiento de los suelos, en el cual se beneficiaron alrededor de 90 mil hectáreas con prioridad en cultivos que sustituyen exportaciones, agregó.
Varias fincas perciben un incremento del rendimiento productivo y acceden a las posibilidades de microcréditos, como resultado de esos procesos de conservación, acotó Jessica Fernández, Jefa del Departamento de Cambio Climático del Citma.
Actualmente, se trabaja en cerca de 190 polígonos de suelo, agua y bosque, que incluyen más de dos mil fincas donde se articula el manejo sostenible de este recurso natural con la conservación del bosque y el hábitat, agregó el funcionario del Minag.
En otro momento del intercambio, Gloria Gómez, representante del Departamento de Medio Ambiente del Citma, destacó el enfoque novedoso de la nueva política al asociar el sostenimiento del suelo con el enfrentamiento a los efectos del cambio climático.
Por su parte, Francisco Martínez, investigador del Instituto de Suelos, comentó cómo la nueva legislación valida las alianzas con la academia.
Las investigaciones realizadas en el centro sobre uso de fertilizantes, biodiversidad, tratamiento de los suelos, entre otras, se tuvieron en cuenta para la elaboración de la nueva norma, dijo.
El reto ahora está en la evaluación sistemática que garantice una correcta implementación y en trabajar desde la comunicación para visibilizar la conservación de los suelos como una tarea impostergable, concluyó Rodríguez.
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