El pasado febrero el Tribunal Supremo Popular presentó a la Asamblea Nacional del Poder Popular el proyecto de esta ley y su reglamento, los cuales serán sometidos al escrutinio de los diputados en abril, durante las sesiones del órgano cubano.
La propuesta viene a sustituir la norma vigente en Cuba desde 1987, que a pesar de sucesivas enmiendas, precisa atemperarse a las transformaciones económicas y sociales del país.
El nuevo Código, publicado en los sitios gubernamentales para recibir opiniones de la población, introduce mecanismos para tramitar delitos relacionados con el medio ambiente, la corrupción y la ciberseguridad, que con anterioridad no eran desarrollados suficientemente.
Entre los avances más significativos que incluye el tratado se encuentran los relativos a los delitos relacionados con la discriminación y violencia de género, como la inclusión de la figura de acoso sexual y su consecuente tipificación y sanción.
La propuesta de ley no solo enfrenta con mayor vehemencia las manifestaciones de violencia de género y familiar, sino que las introduce como circunstancias agravantes ante hechos de otra índole.
El proyecto de Código prioriza también el tratamiento a los menores de 16 años implicados en procesos penales, a quienes solo se les exigirá esa responsabilidad si los hechos perpetrados contienen una elevada lesividad social.
Además, quienes usen a niños con el fin de perpetrar delitos se
enfrentarán a sanciones agravadas.
Más allá de las contravenciones y precisiones jurídicas, el proyecto de norma introduce novedades con el propósito de insertar socialmente al sancionado, adiestrarlo en una profesión u oficio e inculcarle el respeto al orden legal.
En ese sentido se amplían los derechos y garantías de las personas definidos en la vigente carta magna, se despenalizan determinados delitos y se incorporan sanciones que no implican internamiento, con el propósito de reforzar su carácter educativo.
Con ese propósito se amplía el acceso a variantes alternativas de prisión como las del trabajo de Servicio a la Comunidad y la Reclusión Domiciliaria, entre otras.
De esta forma la reforma penal propuesta es congruente con lo dispuesto en más de una veintena de tratados y convenciones internacionales de las cuales Cuba es signataria.
Entre ellos están la Convención de los Derechos del Niño, de las Personas en Situación de Discapacidad, sobre Derechos del Mar, la prohibición del Ciberdelito y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad.
El proceso de desarrollo del proyecto del Código Penal en Cuba y su reglamento se incluye en las acciones que emprende el gobierno cubano para fortalecer la institucionalidad al amparo de la Constitución vigente desde 2019.
Durante el pasado año, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19, el Parlamento aprobó las leyes de los Tribunales de Justicia, Proceso Administrativo, Proceso Penal, Código de los Procesos, Tribunales Militares y Proceso Penal Militar.
Según el cronograma legislativo aprobado en diciembre de 2021, la intensa actividad legislativa en materia de derecho continuará este año con el Código Penal, su reglamento y una norma que por primera vez se desarrollará en Cuba, la de Amparo de los Derechos Constitucionales.
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