El Tribunal Supremo Popular divulgó una nota en su portal digital en la que precisó que el Tribunal Militar Territorial Central halló culpables a 12 ciudadanos de los de delitos de sabotaje, desórdenes públicos, atentado, robo con fuerza en instalaciones y robo con violencia o intimidación en las personas.
Según se explica en el texto, los acusados responsables salieron a las calles de Cárdenas, junto a un numeroso grupo de personas que previamente habían convocado, y procedieron a lanzar piedras y palos de forma violenta contra una gasolinera.
Sustrajeron parte de la mercancía que se expendía en la tienda de la instalación y al llegar al lugar varios agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, comenzaron a agredirlos, lanzándoles piedras y cócteles mólotov, y también a los vehículos.
Añadió el Tribunal que los hechos fueron deliberadamente organizados en medio de la situación compleja que atravesaba el país por la pandemia de la Covid-19, en particular en la provincia de Matanzas, donde se había limitado la movilidad.
Como resultado del juicio fueron impuestas penas de cinco a 16 años de privación de libertad y un acusado fue absuelto por el tribunal por no demostrarse su participación en los hechos.
Además se dispuso en las sentencias, como responsabilidad civil de los acusados, la obligación de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades.
El Tribunal Supremo Popular enfatizó que el juicio se realizó con observancia del debido proceso y estricto respeto de los derechos y garantías constitucionales de los acusados y de sus abogados de la defensa, según lo establecido en la legislación vigente.
Al acto asistieron varios familiares y amigos de los implicados, quienes pudieron presenciar la profesionalidad y transparencia con que se desarrollaron las audiencias, añadió la institución.
El 11 de julio de 2021 en varias ciudades cubanas se produjeron disturbios y actos vandálicos alentados desde el exterior como parte de una operación de guerra de cuarta generación para promover el desorden en Cuba, cuando el país se enfrentaba a la más crítica etapa de enfrentamiento a la Covid-19.
Como parte de esos sucesos se produjeron hechos de vandalismo y violencia y una persona falleció.
Las autoridades cubanas, con respeto a las garantías legales y constitucionales, desarrollaron las investigaciones y actos judiciales para aplicar la ley a los responsables, proceso que ha sido sometido a una campaña de difamación por medios de comunicación y perfiles en redes sociales contrarrevolucionarios.
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