La llamaron Ley de la Libertad, la firmó un presidente norteamericano y con ella se arrogan el derecho a decidir quién debe gobernar en #Cuba. Qué «democrática» la democracia Made in USA. Entérense: #CubaVive, escribió el mandatario cubano en Twitter.
Esa legislación tipifica limitaciones al comercio, a la realización de transacciones, a los viajes hacia y desde la nación caribeña, así como restricciones de la compraventa de propiedades en las que Cuba o nacionales cubanos tengan interés.
Con su promulgación, se eliminó la posibilidad unilateral de levantar el asedio a la isla y estableció que este se mantendrá vigente hasta que exista en Cuba lo que Washington denomina un gobierno de transición certificado por ellos mismos.
En 2019, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, concretó activación del Título III de la Ley Helms-Burton, que plantea la posibilidad de reclamar ante tribunales de ese país por la nacionalización o expropiación de propiedades en Cuba.
De acuerdo con especialistas, la Ley Helms-Burton constituye, junto a la Torricelli (firmada en 1992), un enorme obstáculo para una relación estable, institucionalizada, perdurable e irreversible entre ambos pueblos.
Significan, asimismo, la violación de los principios de igualdad soberana y de no intervención en los asuntos internos de un Estado, contemplados por el Derecho Internacional como normas de obligatorio cumplimiento.
Estados Unidos tiene oficialmente impuestas sanciones a 18 países, pero la Oficina Para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EEUU menciona no menos de 50 países con alguna sanción, recordó hoy el diario Granma.
La OFAC se niega a brindar una lista completa de los países o entidades sancionadas.
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