La fiscal Nilsa Marlene Torales asumió esa decisión contra los procesados, entre ellos 23 brasileños, por ese delito descubierto el 5 de febrero de 2020 y remitido al Ministerio Público el pasado 15 de marzo, añade ABC Color.
El proceso tras el decomiso cerca de la presa Itaipú de 20 mil cajas de cigarrillos, 103 de agroquímicos, productos electrónicos y otras mercaderías, implicó la requisa de 14 camiones y 18 transportes de gran porte.
La Fiscalía hizo la imputación basada en el sumario de la Dirección de Aduanas, que declaró el 40 por ciento de la carga incautada, pues el otro 60 por ciento fue liberado tras un dudoso sumario, subraya el periódico.
El Ministerio Público dispuso también una orden de prisión preventiva contra los encausados, considerando –alegó- la existencia de peligro de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación.
Parte de los cigarrillos procedían de la empresa Tabacalera del Este S.A., propiedad del expresidente Horacio Cartes, cuya relación con ese y otros delitos fue revelada por el exministro del interior Arnaldo Giuzzio.
El extitular denunció al político a principios de año ante una comisión del Congreso también por narcotráfico y lavado de dinero y acusó de archivar esos cargos a la fiscal general, Sandra Quiñónez, nombrada por Cartes.
La líder del Ministerio Público está sometida ahora a un proceso dentro del Congreso para dirimir si será o no objeto de un juicio político por incumplimiento de las funciones conferidas a ese cargo.
El nombre de Cartes, según ABC Color, no figura en la lista de los 25 imputados por el gran contrabando de 2020 divulgada por la Fiscalía, aunque diputados y medios de prensa reiteraron su presunta culpabilidad en los hechos.
La incautación del contrabando de ese año fue realizada por orden del entonces Ministro Coordinador Ejecutivo de la Unidad Interinstitucional de Prevención, Combate y Represión del Contrabando, Emilio Fuster.
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