La directora jurídica del Ministerio de la Agricultura (Minag), Mayra Cruz, explicó en el programa radiotelevisivo Mesa Redonda, que instrumentos jurídicos similares están vigentes en varios países de la región como Brasil y Nicaragua, República Dominicana y otros de Europa.
Destacó que en el caso de Cuba su Constitución hace un reconocimiento expreso muy avanzado del derecho humano a la alimentación sana y adecuada, a diferencia de otras cartas magnas en diferentes naciones, por lo que se trata del marco jurídico general para hacer valer y cumplir ese mandato.
Se trata de la herramienta legal necesaria para alcanzar la soberanía alimentaria y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de todos los ciudadanos cubanos, en tanto enfatizó que las limitaciones actuales de productos alimenticios no se resolverán con su aprobación lo que solo es posible con mayor producción.
Además, ordena los sistemas locales soberanos y sostenibles para que puedan articular de forma sectorial e institucional todos los procesos relativos a la producción, transformación, comercialización y consumo de comestibles.
La funcionaria del Minag destacó también que este será el primer instrumento legal para reducir la pérdida y desperdicio de comida, poner fin al hambre, mejorar la nutrición y promover la agricultura sustentable para alcanzar la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Acotó que es la instrumentación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional, aprobado en julio de 2020, y establece las directrices del Estado para gestionar los sistemas alimentarios, fomentar la educación y cultura en estos temas y enfrentar los problemas de salud vinculados a una alimentación deficiente o nociva.
Para ello se ha contado con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y fondos de la Unión Europea, así como ministerios, organismos, la academia y la ciencia cubanas, significó.
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