La instalación, escenario en febrero de 2021 de un motín que causó siete muertos, mantiene encerrados a cuatro mil 500 reclusos, “el doble de lo autorizado”, confirmó el órgano de Gobierno, basado en datos oficiales.
La Junta solicitó un informe al Ministerio de Justicia y, de mantenerse la situación, impondrá al penal un plazo de 180 días para regularizar la situación o solicitará su cierre definitivo, comentó el concejal Miguel Sosa.
El funcionario recordó que la Municipalidad tiene la potestad legal de clausurar cualquier lugar que no cumpla con los requerimientos para alojar personas.
La sublevación de 2021 en Tacumbú, que requirió de una gran fuerza policial para controlarla, mantuvo en tensión al país por la violencia de los presos, quienes decapitaron a tres de los siete fallecidos en los hechos.
El motín integró a cientos de reclusos armados con cuchillos que secuestraron a 19 guardias y concluyeron sus actos violentos con una masacre.
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