El coordinador de organización del Frente, Víctor Rodríguez, consideró una provocación la posibilidad de que la Junta de Supervisión Fiscal, impuesta por Washington al gobierno de Puerto Rico para controlar sus finanzas ante la bancarrota fiscal, elimine el ajuste tarifario sancionado por el NTSP.
Ante esa posibilidad, dijo el dirigente gremial, ‘a sangre y fuego vamos a defender lo que hemos ganado’, al tiempo que anunció el estado de emergencia del sector.
‘Vamos a continuar dando nuestros servicios, como lo hemos hecho hasta ahora, pues hay muchos clientes que están pagando las tarifas, muchas son empresas puertorriqueñas. Irónicamente, son las empresas grandes, de afuera (estadounidenses), las que se oponen a cumplir con el pago de tarifas’, declaró.
Rodríguez agregó que, eventualmente, ‘los compañeros de trabajo de las regiones pudieran suspender el servicio a las compañías que no quieran acatar la ley’.
Luego de 15 años, el 22 de diciembre de 2020 se autorizó un reajuste de 36 por ciento a las tarifas, lo que según el portavoz de los camioneros es un derecho adquirido legalmente por 40 mil concesionarios del Negociado de Transporte, que son quienes mueven la economía del país.
‘La junta fiscal quiere legalizar la ilegalidad, desde 2005 no se revisaron las tarifas de todos los sectores de la transportación, a pesar de que la reglamentación y acuerdos estipulaban que cada cinco años el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos estaba obligado a revisarlas’, reveló el Frente Amplio de Camioneros.
Por solicitud de las organizaciones de transportistas, especialmente el Frente, se autorizó un reajuste de 36 por ciento tomando en consideración todos los factores económicos y de interés social requeridos por la ley, donde se invitó a la junta de control fiscal a participar y no lo hizo.
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